Los hosteleros de Vigo crearán este viernes una caravana-protesta para reclamar medidas concretas de apoyo al sector ante las continuas restricciones que, este martes, llegaron a su punto máximo con la prohibición de apertura de bares, restaurantes o cafeterías durante un mes, a excepción del servicio a domicilio.
La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra convoca con el apoyo de asociaciones turísticas de la provincia dos caravanas hosteleras, en las ciudades de Vigo y Pontevedra, que recorrerán diferentes puntos de ambas ciudades con el objetivo manifestar al conjunto de las administraciones y la ciudadanía la grave crisis que padecen los negocios como consecuencia de las últimas medidas adoptadas tanto por el Gobierno de España como por la Xunta de Galicia.
En el caso de Vigo, la marcha partirá a las 11:00 horas del aparcamiento de la playa de Samil. “Hasta la fecha, el sector al que representamos, ha cumplido con todas las medidas y restricciones, pero a día de hoy, las decisiones adoptadas por las distintas administraciones públicas hacen que lleguemos a una situación tan crítica que no nos dejan otra alternativa que programar una serie de acciones encaminadas a preservar nuestra actividad”, argumentan.
Los hosteleros recuerdan que generan “un gran número de empleos cada año y que si no se pone soluciones y alternativas que garanticen la continuidad de los negocios, muchos empresarios tendrán que cerrar inevitablemente sus puertas y con ello muchos trabajadores se verán sin su puesto de trabajo, lo que hará que aumente drásticamente la destrucción de empresas y empleos, llevando a muchas familias a quedarse sin su fuente de ingresos”.
Entre otras reivindicaciones, piden que la Autoridad Laboral de la Xunta de Galicia permita aplicar el ERTE por impedimento para el conjunto de empresas del sector que debido a las limitaciones de demanda y horario a las que se enfrentan. Esta figura recoge la exoneración del 100% de las cuotas a la Seguridad Social.
También piden la suspensión del pago de la cuota de autónomos, de forma análoga a la prestación por cese reconocida en el mes de marzo y moratorias de carencias y alargamiento de plazos de los créditos ICOS concedidos a las empresas antes del verano ya que estos se concibieron para un corto periodo de plazo sin facturación, y la incertidumbre causada por COVID, “no permite saber cuántos meses más podrían alargarse las medidas decretadas que restringen la actividad en nuestro sector”.
En el campo de la política municipal, solicitan la exoneración de tributos, o al menos de la parte proporcional a la ausencia de actividad económica del local y la actividad sobre la cual se tributa. En concreto, se pide revisar el IAE, la tasa de basuras y terrazas o las tasas de vehículos de tracción mecánica. Por último, las solicitudes incluyen también que la Xunta realice un arbitraje entre arrendadores y arrendatarios para tramitar una exención obligatoria del 50% de los gastos de alquiler.