El juzgado de Instancia, Sección Civil y de Instrucción nº3 de Tui ha dictaminado el sobreseimiento provisional de una causa penal contra un investigado por falsedad documental y fraude en subvenciones de ayudas de alquiler social de la Xunta.
Los hechos se remontan a 2024, cuando un vecino de O Rosal fue detenido por delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y usurpación de estado civil acusado de cobrar más de 10.000 euros de manera fraudulenta por ayudas de alquiler social que otorga el Gobierno gallego.
El tribunal considera ahora probado que el propietario de la vivienda autorizó al investigado a firmar las prórrogas del bono de alquiler en su nombre. La causa tenía como eje central el hecho de que el dinero de la subvención se ingresaba en una cuenta que no pertenecía al arrendador, a pesar de que la normativa exigía que fuera la cuenta del dueño de la vivienda.
Pero, el tribunal determinó que no hubo delito, aceptando como pruebas los mensajes de WhatsApp y grabaciones que demostraban que el arrendador sabía que el inquilino firmaba por él las solicitudes y estaba de acuerdo con ello. El juez señala que el arrendador solo denunció cuando el inquilino dejó de pagarle el alquiler íntegro debido a discrepancias por problemas en la vivienda.
Así, se determina que "no ha sido acreditada la comisión del hecho que ha dado lugar" al enjuiciamiento y que el acusado "reunía los requisitos necesarios para la concesión de la ayuda", con unos datos que "no fueron falseados".
"No puede hablarse de falsedad, ni por tampoco desde un punto de vista penal", señala el auto, dejando solo abierta la posibilidad de una "infracción administrativa".