Amnistía Internacional reclamó este lunes en sendas cartas enviadas al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y a la delegada de la Xunta en la ciudad, Ana Ortiz, la puesta en marcha de un plan plurianual que garantice el incremento progresivo del parque mínimo de vivienda destinado a políticas sociales, incluido el alquiler social, y un calendario para alcanzar el estándar europeo del 15% de vivienda social del parque municipal de viviendas en Vigo.
“El trágico incendio ocurrido en Alfonso X el Sabio en la madrugada del pasado miércoles en el que fallecieron cuatro personas, tres de ellas menores, y otras nueve fueron hospitalizadas, pone de manifiesto a necesidad urgente de este plan”, destacó Isabel Flores, coordinadora de Amnistía Internacional en Vigo en las misivas en las que se se recogen las peticiones de diversas asociaciones locales que trabajan en el campo de la vivienda y se recuerda el grito de una de las vecinas afectadas en el que se preguntaba “dónde está la vivienda social que necesitamos todos?”.
“La vivienda es un derecho humano y debe ser asequible, no es un bien de inversión o un producto de lujo”, declaró la portavoz local de Amnistía Internacional, que recordó que “la vivienda social es clave para garantizar el acceso a la vivienda cuando las condiciones del mercado inmobiliario son un obstáculo insalvable para muchas personas en situación de vulnerabilidad”. “Solo en 2022 hubo 266 desahucios en la provincia de Pontevedra, con una media de 5 a la semana”, recuerdan.
Según los datos de la organización no gubernamental, España cuenta con un parque de viviendas sociales que representa el 2,5% del total de viviendas. Un dato que, recalcan, ubica a nuestro país “más de 6,5 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea, que se sitúa en el 9% aproximadamente”. España está muy lejos de los países con mayor tasa de vivienda social como Países Bajos (30%), Austria (24%) Dinamarca (21%) Suecia (19%) y Francia (16%).
Segundo los últimos datos del Observatorio de la Vivienda de Galicia, dependiente de la Xunta de Galicia, el precio medio actual del alquiler en Vigo es de 590 euros, cifra que puede duplicarse en zonas como el centro. Otras fuentes de asociaciones privadas situaban el precio del alquiler en Vigo en febrero de 2023 en 866 euros.
En 2022, el número de contratos de alquiler de vivienda en Vigo bajó un 16%, mientras que los precios se elevaron un 4,2%. “Desde 2014 el alquiler se encareció un 34% en Vigo, cuando el importe medio se situaba en 400 euros segundo datos oficiales”, declaró la portavoz de Amnistía Internacional.
Por otro lado, según los datos de octubre de la Axencia Galega de Turismo, en Vigo hay 1.353 viviendas de uso turístico (VUT) dadas de alta en el registro de la Xunta, que contribuyen a encarecer el acceso al alquiler y reducen el parque de pisos para dedicar a vivienda habitual.
Para garantizar el derecho a la vivienda, Amnistía Internacional propone al Concello y a la Xunta una batería de medidas que incluye:
- Establecer un registro adecuado de las viviendas disponibles, evitando el crecimiento del número de viviendas vacías, y sistemas que permitan que las personas que las necesitan puedan acceder a ellas.
- Aplicar el control de precios en las zonas definidas cómo “tensionadas” previsto en la Ley estatal de Vivienda para frenar la especulación y abusos en el precio, protegiendo a las personas ante el incremento descontrolado de los precios del alquiler.
- Garantizar que ningún desahucio deja a las personas en la calle, potenciando el Programa contra Desahucios del Concello de Vigo con un protocolo específico de actuación en casos de desahucio, bien sea por impago hipotecario o por alquileres, que permita asegurar que toda persona desahuciada disponga de una alternativa habitacional adecuada, que deberá ser pública, en caso de que otra solución no esté disponible, garantizando así una vivienda alternativa la personas sin recursos.
- Incorporar la perspectiva de género en las políticas municipales de vivienda, dado que las mujeres tienen una mayor tasa de riesgo de pobreza, mayor precariedad laboral y peores indicadores socioeconómicos.
- Garantizar la no discriminación, incluyendo medidas para evitar cualquier tipo de discriminación en el acceso a la vivienda garantizando su acceso a todas las personas residentes en España.