La concesionaria de la autopista AP-9, Audasa, pagará algo más de dos millones de euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 12 municipios de la provincia de Pontevedra debido a que en este 2024 ya caducó la bonificación del 95% de la que se beneficiaba. La ORAL de la Diputación de Pontevedra, que es el órgano descentralizado que colabora con los concellos en materia tributaria, cobrará ahora el 100% del impuesto a Audasa por la explotación de la autopista.
De este modo los concellos de Barro, Caldas de Reis, Meis, Moaña, Mos, Poio, Pontecesures, Porriño, Portas, Tui, Valga y Vilaboa pasarán de los 118.736 euros recaudados el año pasado a los 2.013.310 euros que percibirán entre todos este año 2024, al haber caducado la bonificación. El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha asegurado que "la Diputación, dentro de su mínimo margen de maniobra, trabajó para que la AP-9, en lugar de tanto coste, dejara mayores ingresos para la ciudadanía de Pontevedra", concretamente en los municipios que atraviesa la autopista.
"Gracias a los trabajos de la Diputación", ha dicho Luis López, "una docena de municipios de todos los colores de la provincia pasarán a ingresar 1,8 millones de euros más en concepto de IBI".
Como ejemplo de este impacto positivo en las arcas municipales ha citado que Vilaboa pasará de recaudar 21.000 euros a 435.000; Tui pasará de 7.722 euros a más de 154.000, mientras que O Porriño pasará de 11.197 euros a casi 224.000; Portas aumentará de 9.000 a 103.000 tras la caducidad de la bonificación a Audasa.
Luis López ha expresado su satisfacción porque por primera vez se puede "hablar de la AP-9 en términos de ingresos" a los concellos y no exclusivamente en calidad de gasto para los vecinos de la provincia. El presidente de la Diputación de Pontevedra ha contrapuesto esta noticia positiva frente a la reciente decisión de la Comisión Europea de abrir un expediente de infracción al Gobierno español por haber ampliado la duración de la concesión a Audasa de la autopista AP-9 sin aplicar correctamente los procedimientos de licitación e infringiendo las normas de la Unión Europea. Una cuestión de la que el Ejecutivo central "no informó en absoluto", ha criticado Luis López.