El Bloque Nacionalista Galego denuncia que el Gobierno de Abel Caballero rechaza sancionar a Vitrasa por los recortes de frecuencias tras la huelga de bus urbano en Vigo. Los nacionalistas aseguran que el Gobierno municipal tras la interpelación realizada en el último Pleno en alusión a las medidas que se pensaban adoptar por la reducción de los servicios durante 19 días a pesar de que no contaban con autorización del Concello.
"Estamos diante dun exemplo máis da barra libre da que se beneficia Vitrasa pola complicidade do Goberno de Caballero", criticó el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, que consideró que esta decisión evidencia a "total falla de control" sobre el conjunto de los servicios privatizados y contratos del Concello, que suponen más de 200 millones de euros anuales del presupuesto municipal.
En el escrito de respuesta a la pregunta del BNG, firmada por el concelleiro Javier Pardo, el Gobierno local se limita a señalar que "o servizo anterior ao inicio da folga a día 1 de abril de 2024 figuraba restablecido". Por ello, no hace referencia a las 19 jornadas desde el fin de la huelga indefinida en el bus urbano, el pasado 11 de marzo, en las que se redujeron los horarios del servicio en hasta 15 líneas.
Igrexas considera "incomprensíbel" la negativa del Gobierno de Caballero a tomar ninguna medida contra la empresa concesionaria por un nuevo incumplimiento del servicio, siendo su obligación legal la recuperación total de las frecuencias y cuyos recortes ocasionaron un "grave prexuízo" al conjunto de las vecinas y vecinos de Vigo.
Critican al Concello de "cómplice" de Vitrasa
Desde la formación nacionalista han hecho un llamamiento para que cese la "complicidade" del Gobierno municipal con las contratas y servicios externalizados del Concello a empresas privadas, que acumulan la mayoría reiteradas denuncias por "facer caixa cobrando por prestar menos servizo do contratado".
El portavoz municipal del Bloque exigió que el Gobierno de Caballero ejerza sus competencias de fiscalización y control de las concesionarias para garantizar la prestación efectiva de todos los servicios, impidiendo que ninguna empresa privada siga incumpliendo con las condiciones fijadas en los contratos públicos.
En ese sentido, Igrexas afeó la decisión "ilegal" del Gobierno municipal de negarse a constituir la Comisión Informativa de Vixilancia da Contratación, como tiene demandado reiteradamente el BNG y pese a ser obligatoria como marca el Regulamento Orgánico do Pleno. "Caballero ten que explicarlle ás viguesas e vigueses porque ademais de que o seu Goberno non fiscalice ás concesionarias, tamén impide que poidamos facelo os grupos da oposición", reprochó, cuestionando los motivos de esta decisión. "Que é o que quere seguir ocultando?".