El BNG plantea formalmente a PP y PSOE un rechazo del Parlamento a los vientres de alquiler

EP

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El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha planteado a los demás grupos de la Cámara gallega, PPdeG y PSdeG, una propuesta de declaración institucional en la que el Parlamento de Galicia rechace la gestación subrogada por "constituir una forma de explotación y mercantilización del cuerpo de las mujeres, especialmente de las más empobrecidas y vulnerables". Asimismo, también rechaza esta "práctica" porque supone "considerar a las niñas y niños una mercancía".

Esta propuesta fue entregada en la reunión de portavoces de esta semana, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de los tres grupos parlamentarios con representación en O Hórreo. PPdeG y PSdeG han confirmado que tienen el documento remitido por los nacionalistas --en la propia junta de portavoces, por parte de la viceportavoz, Olalla Rodil-- y que el horizonte, como es habitual, es la próxima sesión plenaria. De haber acuerdo, se leería por parte de la Presidencia de la Cámara, ya que una declaración institucional necesita del consenso unánime para elevarse a esta categoría.

A falta de las posibles conversaciones y cambios que se puedan introducir en el texto, las posturas de los grupos de la oposición y del PP presentan fisuras en torno al debate que se ha abierto en el ámbito estatal a raíz de conocerse que la actriz y presentadora Ana García Obregón recurrió a un 'útero de alquiler' en Estados Unidos para que naciera un bebé, el cual ha sido inscrito como su hijo y que genéticamente sería su nieto.

Rechazo

Los nacionalistas quieren que el conjunto de la Cámara autonómica inste a la Xunta a "mostrar el rechazo de las gallegas y gallegos ante cualquier cambio legal encaminado a legalizar, reglamentar o banalizar esta práctica".

"Razón por la que nos dirigimos al Gobierno español y a las autoridades europeas para que promuevan las modificaciones legales que sean oportunas para disuadir e impedir la práctica del alquiler de vientres también a través de terceros países", añade la propuesta de declaración institucional.

En su argumentación previa, el BNG recuerda que la gestación subrogada o gestación por sustitución está prohibida en el Estado español y se señala que constituye una "práctica ilegal". Sin embargo, se reconoce legalmente a los niños y niñas nacidos a través de esta práctica en terceros países.

"Alquilar un útero para gestar una criatura es una forma de explotación más del cuerpo de las mujeres que reduce, además, a los niños y niñas a una mercancía que puede ser objeto de compra venta", señala el texto propuesto por el Bloque, cuya líder, Ana Pontón, había anunciado en días anteriores que se impulsaría esta iniciativa para tratar de consensuar una postura conjunta del Parlamento en contra de esta práctica.

Posturas públicas

En días pasados, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se abrió a reflexionar sobre la gestación subrogada de la que esta misma semana advirtió de que había "un vacío legal" que debe de ser "estudiado con sosiego y profundidad" y añadió que "no se puede mercantilizar en ningún caso cualquier tipo de actividad relativa a la gestación subrogada". Un debate, el de la los embarazos por sustitución, que el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, apoyó abrir.

Por su parte, el PSOE ha rechazado la gestación subrogada, con distintas voces desde el Gobierno o el propio partido, pero por el momento no se ha planteado ninguna modificación que aborde la inscripción en España de menores gestados con esta práctica.

El BNG sostiene que se trata de un "debate profundamente ético" y así lo lleva a su texto propuesto en la Cámara, en el que se indica que "atañe a los más elementales derechos de dignidad de las mujeres y los menores". Asimismo, quiere que el Parlamento se oponga a limitar el debate "al terreno medicinal y a un supuesto alcance de mera técnica de asistencia para la reproducción".

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, también alude a que internacionalmente, organismos como el Parlamento Europeo, ya en 2014, habló de esta "nueva forma de explotación de las mujeres y de la agresión que supone en términos de respeto a los derechos humanos".

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