Una "desregulación encubierta o en un debilitamiento de las garantías urbanísticas", el BNG advierte su rechazo a que el proyecto de la nueva ordenanza del Concello de Vigo sobre la tramitación de licencias urbanísticas se convierta en una "barra libre".
Así lo señaló el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, quien afirmando compartir la necesidad de agilizar procedimientos administrativos y reducir demoras, alertó de que "no podemos aceptar la pretensión del Gobierno de Abel Caballero de imponer una barra libre exprés en la tramitación de licencias y autorizaciones urbanísticas".
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La propuesta del Gobierno municipal apuesta, según explican desde el Bloque, por un modelo basado en las declaraciones responsables y en las comunicaciones previas, con procedimientos mucho más laxos que las licencias, y trasladando a la posterior inspección lo que debe ser una función pública de control previo. "La solución al colapso no es reducir controles, sino reforzar los medios humanos y técnicos de la Xerencia de Urbanismo, que lleva años padeciendo una clara insuficiencia de personal", remarcó Iglesias.
Con ese objetivo el grupo nacionalista registró 10 enmiendas parciales para lograr una ordenanza "útil, moderna y eficaz", pero también rigurosa. "Agilizar sí, pero con garantías. Simplificar sí, pero sin desproteger la ciudad", ha resumido Igrexas, señalando que no van a aceptar que se pretenda vender como gran avance lo que puede acabar siendo "un paso atrás en el control democrático y en la defensa del interés general en un ámbito tan importante para la ciudad y tan goloso para la especulación privada" como es el desarrollo urbanístico.
"Vigo ya tiene demasiados ejemplos de desorden urbanístico como para permitir nuevos riesgos, el tiempo del urbanismo a la carta tiene que acabar" remarcó el portavoz municipal nacionalista.
Enmiendas
En primer lugar, propone limitar el uso de la declaración responsable y de la comunicación previa. Quedarían excluidas actuaciones que afecten a la estructura de los edificios, a inmuebles protegidos, a espacios públicos, a suelo rústico o a ámbitos con especial sensibilidad ambiental o patrimonial.
El objetivo, explica el BNG, es evitar que intervenciones de impacto relevante se ejecuten sin un control previo riguroso. También se defiende mantener la licencia obligatoria para la primera ocupación de las viviendas, como garantía de seguridad, accesibilidad y cumplimiento de la normativa antes de que una edificación pueda ser habitada.
Otro bloque de enmiendas refuerza el papel de los servicios técnicos municipales. Las certificaciones privadas no podrán sustituir ni limitar la función pública de inspección, y se establece que el silencio administrativo nunca podrá generar derechos contrarios a la legalidad urbanística limitando sus efectos positivos.
Además, se vincula el sistema de control posterior a la necesidad de reforzar con medios suficientes de inspección la Xerencia de Urbanismo, con una evaluación anual de las necesidades de personal y recursos.
Además, una parte importante de las propuestas del BNG se centra en la transparencia y en la participación ciudadana. Se propone crear un nuevo título específico en la ordenanza para garantizar información pública periódica sobre licencias, declaraciones responsables, inspecciones e infracciones; elaborar un informe anual que se eleve al Pleno; publicar datos en formato accesible; habilitar canales para que los vecinos puedan presentar alertas; y constituir un Consello Sectorial de Urbanismo.
Finalmente, se incluye una disposición que fija como principios rectores la precaución, la transparencia, el control democrático y la defensa del interés público general, para que la simplificación administrativa no derive en desprotección de la ciudad.