El Real Decreto que permitirá la flexibilización de la mascarilla y que se aprobará este jueves en el Consejo de Ministros será un medida “progresiva, gradual y prudente”, según defendió esta tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial que reúne a comunidades autónomas y Gobierno central.
Darias avanzó en rueda de prensa las “bases” de la nueva norma que, de forma general, permitirán desde el sábado retirar la mascarilla al aire libre y espacios abiertos siempre que se respete la distancia de 1,5 metros o, en caso de que no sea así, estemos con convivientes. La medida sigue así también el criterio de Galicia que pedía “mascarilla o distancia” para la flexibilización de su uso en exteriores. “Solo se elimina en los momentos en los que hay menor riesgo de transmisión”, defiende Darias. Tampoco será obligatorio el uso en la cubierta de barcos si se puede mantener la distancia de 1,5 metros.
Por el contrario, será obligatorio su uso en eventos multitudinarios al aire libre si estamos de pie. Al contrario, si estamos sentados con distancia de 1,5 metros se puede prescindir de ella. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en aglomeraciones y en espacios cerrados de uso público (bibliotecas, farmacias, transporte público, etc.)
Por último, habrá también cambios en residencias de mayores. La mascarilla dejará de ser obligatoria en residencias o espacios institucionalizados donde el 80% de los usuarios esté vacunado. Por ejemplo, en una residencia de mayores, pero sí será obligatorio para trabajadores o visitas. Lo mismo sucede en parques de bomberos o servicios esenciales similares.
La ministra de Sanidad recordó que habrá que llevarla siempre encima. Sobre si será requisito obligatorio o es solo un recomendación -en el caso en el que no entremos en zonas donde es obligatoria-, Darias evitó responder hasta en dos ocasiones a las preguntas de los periodistas y no aclaró si habrá multas si uno no la lleva consigo.
La nueva norma “ha sido participada por personas expertas en la Ponencia de Alertas”, zanjó la ministra ante las declaraciones de algunos presidentes autonómicos, como el caso de Feijóo, que acusan al Gobierno de basarse en criterios políticos.