Varapalo para Vitrasa. El juzgado de lo Social 4 de Vigo ha desestimado una demanda de la concesionaria del bus urbano de Vigo contra la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que le impuso una contundente sanción por vulnerar el derecho a la huelga en 2023.
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Los hechos acaecidos se remontan a la huelga que tuvo lugar en el mes de agosto de 2023 en el servicio de bus urbano de la ciudad olívica. A finales de ese mes, se indicó a Vitrasa el acta de infracción de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social mientras que la Consellería impuso una multa de 751 euros.
La resolución sancionadora se basa en el incumplimiento de la distribución de vehículos para atender a las diversas líneas y en la falta de información al comité sobre la organización y los horarios establecidos por la concesionaria del bus urbano vigués. La jueza expone en su fallo, de noviembre pasado -y contra la que no cabe recurso-, que la compañía de transporte no tiene la facultad para imponer unilateralmente los servicios mínimos, sino que debe ceñirse a lo ordenado por la autoridad gubernativa, en este caso, el Concello de Vigo, que aprobó la resolución de servicios mínimos en mayo de ese año.
Vitrasa combinó distintas líneas en varios de los vehículos para dar más servicio. "Eso implicaría dejar en manos de la empresa la reorganización del servicio a su libre albedrío", señala la resolución judicial, que también apunta que Vitrasa informó tarde de algunos aspectos organizativos, y solo cuando fue requerida por la Inspección. Por todo ello, ha optado por desestimada la demanda presentada por la actual concesionaria del bus urbano vigués.