No parece que el Gobierno de España tenga sobre la mesa el fin de los peajes en la AP-9, aprovechando el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea al entender que se incumplió la ley al ampliar la concesión sin concurso público. Tras meses de incógnita, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido este domingo la complejidad que supone la transferencia o el rescate de la AP-9, y se ha limitado a confirmar que el Gobierno mantendrá las bonificaciones.
Durante una entrevista en Radio Galicia Cadena Ser, Puente recordó que recientemente se ha invertido "mucho dinero" en estas bonificaciones, beneficiando a "los ciudadanos que usan este corredor". Sobre el fin de la concesión, subrayó que rescatar la autopista costaría alrededor de 4.000 millones de euros, una suma que "tendría que salir del erario público de todos los españoles". Enfría así las expectativas a pesar de reconocer que esta autopista representa "un elemento discriminatorio" porque "es utilizada por gente que no tiene otra alternativa".
Cuando se le preguntó si descartaba tanto la transferencia como el rescate, Puente reiteró que ambas opciones "no son sencillas". Detalló que el rescate implicaría "una cantidad de dinero enorme", mientras que la transferencia "ofrece problemas desde el punto de vista de que su propia configuración la hace claramente candidata a ser de titularidad estatal". "Es una conexión transfronteriza con Portugal, de alta capacidad. No tenemos vías de esas características cedidas a comunidades autónomas", detalló.
Hace apenas unas semanas trascendía que la Comisión Europea había enviado una segunda carta de emplazamiento en respuesta a la denuncia realizada por En Colectivo sobre la AP-9. Europa mantiene abierto un procedimiento de infracción a España por incumplir las normas sobre contratos de concesión en la autopista AP-9. Todo ello después de una denuncia de la Asociación En-Colectivo. En concreto, la Comisión considera que España prorrogó la duración de la concesión "sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE".
Tal y como se apunta, el escrito enviado al Gobierno español tiene por objeto garantizar el respeto de las normas de la UE sobre concesiones, que establecen la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia. Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación.
Con esta situación, son muchos los que piden aprovechar el momento para rescatar la concesión y eliminar los peajes de esta vía de alta capacidad, la única que permite la comunicación entre el norte y sur de Galicia.