El Real Decreto-ley que modifica el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que será aprobado este martes por el Consejo de Ministros, impedirá que un sanitario esté más de tres años trabajando con contrato de interinidad sin ser funcionario.
"El cómputo total de todos los nombramientos de personal estatutario temporal que, de forma continuada o interrumpida, recaigan en una misma persona, no podrá superar el plazo de tres años", determina el texto del Decreto, al que ha tenido acceso Europa Press.
Así, el Gobierno prevé "hacer fijos" a un total de 67.300 sanitarios, dentro de "la mayor estabilización de los profesionales sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Salud desde su creación", según avanzó este domingo el presidente, Pedro Sánchez, en una entrevista con 'El País'.
La medida se enmarca dentro de la reforma para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En concreto, el objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas.
El Gobierno justifica en el texto que los procesos de selección para la contratación de sanitarios "son excesivamente lentos y dilatados en el tiempo, ocasionando en muchos casos la necesidad de provisión temporal de los puestos por el tiempo necesario hasta la cobertura efectiva".
"En estas condiciones, el recurso al nombramiento de personal interino y a la contratación de personal temporal se ha constituido en una alternativa organizativa que ha acabado suponiendo un incremento excesivo de la temporalidad", alegan al respecto.
Esta nueva Ley sanitaria establece que, transcurridos tres años desde el nombramiento de un sanitario interino, esta vacante "solo podrá ser ocupada por personal fijo", aunque habrá excepciones como que "en el proceso selectivo correspondiente no se haya cubierto la plaza en cuestión, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal estatutario interino".
Además, excepcionalmente, el sanitario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, "siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del interino". "En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica", detalla el Ejecutivo.
Límites para contratar interinos
La Ley intenta fijar límites a la contratación de interinos solo para "razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia". Entre ellas, se encuentra que se podrá contratar a un interino para cubrir plazas vacantes "durante un plazo máximo de tres años" siempre y cuando "no sea posible" ubicar un empleado fijo.
También habrá interinos para "programas de carácter temporal" no superiores a tres años. Para blindar este asunto, el Ejecutivo detalla que estos programas "no pueden ser de una naturaleza tal que suponga la ejecución de tareas o la cobertura de necesidades permanentes, habituales de duración indefinida de la actividad propia de los servicios de salud".
Otro supuesto en el que se permitirá la contratación de interinos es el "exceso o acumulación de tareas" por "un plazo máximo de nueve meses dentro de un período de 18 meses". En todos los anteriores supuestos, una vez se cumplan los tres años, la Ley afirma rotundamente que se tendrá que "tramitar la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro".
"En aquellos servicios o unidades en que se efectúe este tipo de nombramientos y no se cree una nueva plaza superados los plazos establecidos en cada caso, no podrá hacerse un nuevo nombramiento por la misma causa en un periodo de dos años", esgrime el Real Decreto-Ley.
Interinos también para vacaciones
La Ley también abre la puerta a contratar a sustitutos que realicen "funciones propias" de funcionarios "durante los periodos de vacaciones, permisos, dispensas y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de plaza".
Igualmente para "la cobertura de exención de guardias, por razón de edad, o enfermedad, pudiendo sustituir hasta dos personas y siempre que con la plantilla disponible no fuese posible cubrir esta contingencia y respetando los límites legales de la jornada".
También se podrá contratar a un interino ante la reducción de la jornada ordinaria de funcionarios, "identificando a la persona o personas concretas a quien se complementa la jornada y durante todo el período correspondiente y la modalidad que motiva la reducción".
La Ley también persigue que las comunidades autónomas cumplan con esta norma, pues las competencias sanitarias están transferidas: "Las Administraciones sanitarias serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en la norma y, en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación y nombramientos del personal estatutario temporal y sustituto".
El Ejecutivo advierte de que "las actuaciones irregulares en materia de nombramiento de personal estatutario temporal y sustituto darán lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas".
De la misma forma, la Ley es firme en que el incumplimiento del plazo máximo de permanencia del sanitario interino "dará lugar a una compensación económica", que "será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio".
El texto recoge que el Ministerio de Sanidad, con conocimiento de la Comisión de Recursos Humanos en su labor de planificación, iniciará en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley un proceso de negociación para la actualización de la norma estatutaria en el plazo de seis meses, que podrá ser prorrogable.
La Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un hecho que se podría producir el miércoles, un día después de ser avalada por el conjunto del Gobierno en el Consejo de Ministros.
Sin embargo, y debido a los cambios que se plantean, el Ejecutivo ha otorgado a las CCAA un plazo adicional de cuatro meses para "realizar los cambios oportunos en los sistemas de información de recursos humanos".
Satisfacción y críticas
La medida ha sido acogida tanto con satisfacción como con críticas desde varios sectores, principalmente porque consideran que no ataja la temporalidad con rotundidad.
Desde los sindicatos, el responsable de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha defendido "no soluciona el problema estructural de la sanidad a corto y medio plazo". "Por mucho que se diga que se van a hacer fijos 67.000 plazas, el déficit estructural sigue existiendo y a corto y medio plazo esto no lo soluciona", afirma el sindicato.
En cambio, el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, ha considerado positivo que el Gobierno dé pasos para acabar con la temporalidad en Sanidad. "Para las enfermeras que trabajan como eventuales e interinos, con contratos temporales, por días, por semanas, sin ningún tipo de estabilidad laboral, es una gran noticia que, por fin, se intente acabar con la enorme precariedad que arrastra nuestro sistema sanitario. La inestabilidad laboral impide cualquier tipo de conciliación familiar y laboral de los profesionales, e incluso cualquier proyecto a largo plazo", ha afirmado.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha censurado al Gobierno que se trata de una "apropiación indebida", ya que es un "mandato de Europa". En declaraciones a 'Onda Madrid', ha esgrimido que la estabilización se hace por un mandato europeo a los Estados y responde a la Ley 20/2021 de disminución de la temporalidad. "Somos las CCAA las que hemos negociado", ha asegurado.