Los representantes electos del Partido Popular de Vigo en el Congreso de los Diputados, Diego Gago; en el Senado, Elena Muñoz y Javier Guerra; en el Parlamento autonómico, Corina Porro y Teresa Egerique; y en el grupo municipal en el Concello, Alfonso Marnotes, comparecieron, esta mañana, en un desayuno informativo, para presentar una iniciativa común en defensa de Vigo que se presentará en todas las Cámaras.
El objetivo de esta iniciativa es defender a Vigo por encima de todo, especialmente tras el llamativo "abandono por parte del gobierno de Pedro Sánchez". “Queremos exponer nuestro trabajo como cargos electos en la defensa de Vigo sin demagogias, sin estridencias, sin querer entrar en conflicto con nadie, pero sí todos estando a favor de Vigo y reclamando para Vigo lo que le corresponde. Ante todo y sobre todo nuestro compromiso está con Vigo, con nuestra ciudad y con nuestros vecinos. Vamos a defenderla y anteponer sus intereses por encima de todo y de todos. Ojalá pudiésemos aplaudir a otras administraciones que no siendo del mismo color político trabajen por Vigo, se comprometan por Vigo porque ahí estaremos. Lo único que nos importa es Vigo, pero la realidad que vivimos hoy es otra. Vigo tiene grandes carencias, que son fundamentales para su progreso, competitividad y el desarrollo económico social de la primera ciudad de Galicia. Es peligroso y grave que se sigan retrasando grandes infraestructuras, grandes dotaciones que se necesitan o que se sigan tomando decisiones a través de leyes que perjudican claramente a nuestra economía, a nuestras empresas y a sectores claves. Y ¿dónde están las voces que tendrían que estar al frente de estas reivindicaciones? ¿Por qué están callados? Hasta ahora la única persona que demostró defender a Vigo es el presidente de la Xunta y ojalá esos compromisos se concreten”, afirmó Corina Porro.
Por eso, los representantes en las distintas Cámaras consideran que "es preciso defender a la ciudad ante estos injustificados ataques y reivindicar la reactivación de todos esos proyectos urgentes", que señalan que ya habían sido comprometidos por el Gobierno anterior y que, o bien permanecieron dormidos tras el cambio de Ejecutivo, vieron reducida su dotación presupuestaria o incluso desaparecieron de los planes del nuevo Gobierno.
Entre las infraestructuras viarias pendientes se encuentran: en la AP-9, la instalación de pantallas acústicas y la ampliación del vial en Chapela, además del enlace de Buenos Aires. Igual de irrenunciable es la conexión de la autopista con el Ifevi para dotar al recinto ferial de unos accesos a la altura de la ampliación que acomete la Xunta de Galicia.
Sobre la AP-9, el Gobierno de España también debe acometer la trasferencia de titularidad, así como cumplir con el compromiso de liberación del peaje de Redondela. Fundamental también es la activación de las bonificaciones para usuarios recurrentes.
También es urgente bonificar el peaje Vigo-Tui, para que ese tramo de autopista pueda ser una alternativa a la A-55. O el acondicionamiento del tramo urbano de la A-55 (Vigo-Tui) en la avenida de Madrid. Otro proyecto olvidado por el Gobierno central es el soterramiento de la VG-20 en Navia, vital para solucionar el aislamiento del barrio provocado por una carretera por la que circulan 20.000 vehículos diarios.
Por lo que respecta a las infraestructuras ferroviarias, es urgente el Corredor Atlántico con conexión ferroviaria con las principales plataformas logísticas y los puertos de interés general de Estado, así como el AVE Vigo-Oporto y la salida sur. También sigue pendiente la línea directa de AVE Ourense-Vigo por Cerdedo como infraestructura destinada a vertebrar el sur de Galicia.
En relación al sector industrial, preocupa especialmente la decisión del Gobierno de Sánchez sobre la construcción de la subestación eléctrica de Balaídos que permitiría al tejido empresarial de Vigo conectarse a una red eléctrica moderna y estable. Además, es hora de que el Ejecutivo central apueste por una planta de baterías en el noroeste de España que debería estar instalada en Vigo.
Por otra parte, en referencia al rector pesquero y la cadena mar-industria, dos leyes que está tramitando el Gobierno del Estado perjudican directamente a Vigo y su área. Por un lado, el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pone en peligro miles de empresas y empleos. Asimismo, la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera está generando una gran incertidumbre por las dudas que genera la posibilidad de retirada de cuotas, una medida que puede reducir las renovaciones o modernizaciones de las flotas. También resulta primordial solucionar los problemas estructurales del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad y el sur de la provincia.
Por último, el Estado tiene pendiente ejecutar una biblioteca nacional adaptada a la realidad de la primera ciudad de Galicia, siendo inadmisible la pretensión del Gobierno central de reducir el edificio a la mitad. Por todo ello, presentarán una iniciativa en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Parlamento Autonómico y en el Concello para defender a Vigo de los ataques del gobierno central.