El debate del bloque de proposiciones no de ley en el segundo pleno ordinario de la XII Legislatura en el Parlamento de Galicia se ha saldado con cinco acuerdos unánimes en las seis iniciativas a debate, en las que los grupos se han unido para reclamar la renovación del CGPJ, el traspaso por parte del Estado de los medios para la gestión del litoral, mejoras en los servicios ferroviarios con motivo de la puesta en funcionamiento de los trenes Avril, avanzar hacia la anulación de la prórroga de la concesión de la AP-9 expedientada por Bruselas y, por último, medidas desde la Xunta para reducir la brecha entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
De las seis iniciativas de impulso en la sesión celebrada en la tarde de este martes, cinco han salido aprobadas, todas ellas por unanimidad aunque una de forma parcial. Tan sólo la propuesta del BNG, a través de una proposición no de ley, para demandar la destitución del director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, fue rechazada por los votos de la mayoría absoluta del PP.
La unidad expresada en torno a estas cuestiones no hurtó el debate parlamentario con críticas cruzadas entre los grupos, como por ejemplo, las lanzadas por el diputado popular Gonzalo Trenor contra el Gobierno central, al que ha acusado de usar como "excusa" la seguridad para "justificar" los retrasos de varios años en la llegada de los trenes Avril que entran en funcionamiento este mes de mayo.
Lo hizo durante la defensa de la iniciativa con la que el Legislativo autonómico ha reclamado, precisamente, la puesta en marcha de estos trenes que permitirán la llegada de la alta velocidad a las ciudades gallegas, una cuestión que piden que se acompañe de una mejora en los servicios ferroviarios para que sean "de calidad y competitivos".
En este sentido, el diputado del Partido Socialista Carlos López-Font ha celebrado la "gran acogida" de la oferta con la que Renfe ha acompañado la llegada de los trenes Avril a Galicia y ha recordado que este mismo jueves estará en la comunidad el ministro de Transportes, Óscar Puente, para presentar el plan director del Corredor Atlántico.
Por su parte, el parlamentario del BNG Paulo Ríos ha censurado que los populares empleen los servicios ferroviarios como "arma arrojadiza" contra el Gobierno central tras años de "abandono" y "dejadez" en la defensa de trenes de calidad en una comunidad en la que "la única alta velocidad que se conoce es con la que se marchan los jóvenes por falta de oportunidades".
AP-9, anular la prórroga
La situación de la AP-9, un asunto recurrente en los debates parlamentarios, también tuvo su protagonismo en la sesión de este martes, en la que los grupos se pusieron de acuerdo para pedir al Estado que inicie los trámites para anular la prórroga de 25 años concedida a la concesionaria Audasa, mientras que se insta a la Xunta a elaborar un estudio para explorar esta vía de derogación y analizar sus posibles costes.
La iniciativa llegó a la Cámara promovida por el BNG tras conocerse a finales del mes de abril el segundo expediente abierto por Bruselas a España por la prórroga a la concesionaria de la autopista después de una denuncia de la asociación En Colectivo a través de la cual la UE cuestiona la prórroga hasta 2048 otorgada en el año 2000 por el gobierno presidido entonces por José María Aznar.
Según Luis Bará (BNG), se trata de decirle al Gobierno del Estado "que se equivocó cuando defendió que la concesión era perfectamente válida" como refleja la decisión de Bruselas, que, para el nacionalista, "abre una nueva etapa" en el proceso para lograr una infraestructura "libre" de peajes y al servicio de los intereses de los gallegos.
En su turno, el diputado popular Roberto Rodríguez ha aseverado que la prórroga concedida entonces permitió la llegada de la autopista hasta Ferrol y Tui; al tiempo que ha ironizado con la "única" rebaja que se ha producido últimamente en torno a la AP-9 es "la de las reivindicaciones" del BNG ante el Gobierno central.
Por su parte, Carlos López Font (PSdeg) defendió las bonificaciones implantadas en las tarifas de la Autopista del Atlántico desde la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez y dirigió sus críticas también al BNG, al que recordó que el nacionalismo gallego tachó de la "navajada de Galicia" a la infraestructura cuando fue diseñada hace casi 50 años.
Gestión del litoral
Este martes, la Cámara autonómica se ha sumado a la Xunta en su petición para que el Gobierno central transfiera los medios materiales y personales para la gestión de la costa una vez que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley gallega del litoral.
En el día después de que el Consello activase un calendario en el que pide al Estado la convocatoria de la comisión mixta de transferencias en la que dirimir el traspaso de estos recursos a la Administración autonómica, el Parlamento ha hecho suya la reclamación a propuesta del PP, cuyo portavoz, Alberto Pazos Couñago, instó a los socialistas a "rectificar errores del pasado" como la impugnación de la ley del litoral y "por una vez, ponerse al lado de los gallegos" para reparar "la discriminación" sufrida por Galicia en comparación con otros territorios como Euskadi.
En su respuesta, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias señaló que la petición de reunión de la comisión mixta "se vuelve a la casilla de salida" de "un conflicto" que, según la socialista, fue provocado por el PP gallego "por negarse a sentarse a negociar" en ese órgano antes de aprobar la ley.
Por parte del BNG tomó la palabra en el debate Luís Bará, que ironizó con que el PP tenga ahora "prisas" por lograr esta transferencia después de más de casi tres lustros sin lograr traspasos de competencias de la mano del Estado.
Brecha de género en el mercado laboral
Finalmente, también salió adelante la iniciativa de los socialistas gallegos que demanda al Gobierno autonómico la puesta en marcha de políticas que promuevan la incorporación de mujeres al mercado laboral para promover la "igualdad efectiva". En concreto, los grupos han reclamado de forma unánime a través de sus votos que se ponga el foco en apoyar a colectivos como las mujeres mayores de 45 años y que se articulen mecanismos para reducir la brecha de género en la atención a los cuidados.