La concelleira de Benestar Social del Concello de Vigo ha remitido una carta a la conselleira de Política Social de la Xunta, Fabiola García, en la que reclama una solución habitacional para las familias que vivían en el edificio de Alfonso X, donde fallecieron una madre y tres de sus hijos en un incendio, al encontrarse en situación de vulnerabilidad y no poder acceder a una vivienda.
En la carta, la edila viguesa explica que el Concello asumió la primera atención de emergencia a esas familias, que vivían de forma ilegal en el edificio siniestrado. Así, 14 personas, entre ellas varios menores, siguen realojados en un hostal sufragado por la administración municipal.
Con todo, ha señalado Yolanda Aguiar, esa respuesta de emergencia dada por el Concello para cubrir temporalmente las necesidades de las familias afectadas "no puede ser, en ningún caso, una solución definitiva al problema". Por ello, tras recordar que es la Xunta la que tiene competencias en materia de vivienda, y especialmente en lo que respecta a colectivos vulnerables, ha urgido al gobierno autonómico a adoptar las medidas necesarias para dar una solución a esas familias.
Avisos desde 2020
Por otra parte, la concelleira ha explicado, a través de unas declaraciones remitidas a los medios, que el gobierno vigués llevaba desde 2020 alertando de la situación de "exclusión severa" de las familias que habitaban el poblado chabolista de O Caramuxo (la mayoría de las cuales se instalaron luego en el edificio de Alfonso X). En aquel momento, ha indicado, la Xunta se limitó a exponer que no contaba con viviendas sociales disponibles para esas familias, "dejando zanjada así la situación, según ellos".
Yolanda Aguiar ha censurado la posición de la presidenta del PP de Vigo y portavoz municipal, Marta Fernández-Tapias, por utilizar de forma "deleznable" la tragedia del incendio para atacar al gobierno municipal vigués, y le ha recordado que "es competencia del IGVS" la política de vivienda.
En ese sentido, ha proclamado que ahora será el gobierno vigués el que "exija explicaciones" a la Xunta por no haber ejercido esas competencias, y ello a pesar de los requerimientos y avisos del Ayuntamiento sobre la situación de esas familias ya hace tres años.