La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se le prive de conducir vehículos a motor durante un año y un día, además del pago de una multa de 1.800 euros, al senador del PP José Manuel Baltar por un delito contra la seguridad vial, por presuntamente conducir un coche a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52 en un tramo en el que la velocidad máxima era 120 kilómetros por hora.
Así consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se pide que durante la vista oral deberán comparezcan, además de Baltar como acusado, los guardias civiles de Tráfico que realizaban el control de velocidad en esa carretera.
Esta misma semana ha trascendido que la juez instructora Ana Ferrer decidía enviarle a juicio a petición de la Fiscalía, después de que el pasado junio propusiera juzgar al aforado. Ha dado plazo de 10 días al senador para que presente su escrito de defensa.
Ferrer explicó en junio que, aún aplicando el margen de error del 5% que establece la normativa sobre control metrológico del Estado, el resultado arrojado es de 204 kilómetros por hora, lo que sigue estando por encima de la velocidad máxima permitida en ese tramo de la autovía.
La magistrada concluyó entonces que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la seguridad vial, que el Código Penal castiga con pena de prisión de tres a seis meses, con la de multa de seis a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días. En cualquier caso, apunta, si fuese condenado se le quitaría el carnet de conducir de 1 a 4 años.
Baltar negó los hechos
Ferrer actúa contra Baltar toda vez que el Senado aprobó el suplicatorio y de que éste ya compareció voluntariamente ante el Supremo el pasado 19 de diciembre para negar que condujera a esa velocidad. "No existió en ningún momento una velocidad superior a 200 kilómetros por hora", dijo su abogado, Ramón Montero, en declaraciones a la prensa.
Los hechos por los que se investiga al senador 'popular' se remontan al 23 de abril de 2023, cuando fue interceptado, según el informe definitivo de la Guardia Civil de Tráfico, a 215 kilómetros por hora en la A-52, a su paso por Asturianos (Zamora), al volante de un coche de la Diputación de Ourense.
Antes de que el caso llegara al Supremo, el Ministerio Fiscal presentó ante los juzgados de Galicia un escrito de acusación contra Baltar considerándolo autor de un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción de vehículos a motor a velocidad superior a la legalmente permitida del artículo 379.1 del Código Penal.
La Fiscalía pidió una pena de seis meses de multa a razón de cuota diaria de 10 euros, lo que se traduciría en unos 1.800 euros. El Ministerio Público también reclamó un año y un día de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores para el dirigente del PP.
El juzgado de instrucción acordó la apertura del juicio oral contra Baltar por hechos supuestamente constitutivos de un delito de conducción de velocidad. Pero, una vez acreditada la condición de senador designado por el Parlamento de Galicia, se inhibió y envió las actuaciones al Supremo.