El pasado lunes 16 de marzo, el Concello de Oia recibió una notificación que ha puesto en jaque el futuro del famoso Talaso Atlántico. La Justicia da un plazo de 10 días al Gobierno local para iniciar el derribo de este enclave turístico, tras una pugna judicial que ya lleva años en los banquillos.
En una diligencia del Juzgado de lo Contencioso de Pontevedra, se requiere al propio Concello a instar a la propiedad del Talaso para que proceda al derribo. Una construcción que en su momento sí recibió licencia para su puesta en marcha, pero que fue declarado ilegal posteriormente por el TSXG.
El Talaso lleva años como posicionándose como un referente turístico, tanto con su spa como por el hotel y el restaurante, que se presenta como un "balcón al Atlántico". Su derribo sería un golpe para una población en la que residen cerca de 3.000 habitantes. La propia alcaldesa de Oia, Cristina Correa, ha señalado a Metropolitano.gal que el derribo de este enclave "sería una tragedia".
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Una importante parte de los vecinos y vecinas de la localidad cuentan con un puesto de trabajo directa o indirectamente relacionado con el Talaso. Por ello, el Concello ha buscado desde hace tiempo "tramitar un plan especial para ver el encaje de la construcción actual", o por lo menos "una parte de ella".
Reunión jurídica en el Concello
Pero la Justicia ha corrido más que la Administración. Ese plan especial (PEID) se encuentra ya en la recta final para asegurar la legalidad del Talaso, aunque el plazo de 10 días no alcanza en ese plazo. Por eso, el próximo lunes 23 de marzo el Concello se reunirá con el equipo jurídico para estudiar qué acciones puede llevar a cabo: "Lo más probable es que se presente un recurso".
Cabe destacar que este derribo debería llevarlo a cabo la propiedad del Talaso Atlántico, pero de no hacerlo deberá sumirlo el Concello de forma subsidiaria. Posteriormente, el Gobierno local tendrá que reclamar a los dueños del lugar esos gastos.