La crisis generalizada en el abastecimiento de materiales provocará una demora en la obra de la Cidade da Xustiza de Vigo, por lo que las actuaciones no podrán estar finalizadas en los plazos previstos. A pesar de ese retraso provocado por una contingencia de ámbito internacional que afecta a los suministros, la Xunta seguirá trabajando en la agilización de las labores que no dependen del abastecimiento.
Las obras continuaban con normalidad hasta la fecha con la intención de tener en breve finalizada la adaptación del edificio a las necesidades del complejo judicial a lo que se va a destinar el antiguo Hospital Xeral de Vigo. Pero la situación de desabastecimiento global, tanto en la llegada de materiales en los plazos acordados como en la reposición de suministros existentes en la medida en que se van consumiendo, retrasará la finalización de las obras, que se demorarán previsiblemente un par de meses.
Con todo, la Xunta seguirá trabajando para que, en aquellos aspectos que no estén afectados por estas contingencias de ámbito internacional, puedan agilizarse los trabajos y los trámites que afectan a la puesta en marcha de la Cidade da Xustiza; entre ellos, la licencia de primera ocupación solicitada al Concello de Vigo en el pasado mes de enero y de la que espera su aprobación.
La nueva infraestructura, que acogerá 38 unidades judiciales, se trata de la obra judicial más importante de la historia de la comunidad autónoma en la que la Xunta invirtió más de 42 millones de euros y con la que está a punto de culminar el Plan de Infraestructuras Judiciales, dotado con más de 125 millones de euros.
Una vez finalizadas las obras, la Cidade da Xustiza unificará en un solo edificio los órganos judiciales de la ciudad olívica, al acoger en sus 44.000 metros cuadrados 38 unidades judiciales junto con la Fiscalía de Área, las dos secciones de la Audiencia Provincial y la subdirección del Instituto de Medicina Legal (Imelga), y a mayores existen espacios disponibles para futuros crecimientos del partido judicial de Vigo.
En total, se trasladarán más de 500 trabajadores de la Administración de Justicia, que tendrán a su disposición una escuela infantil de 41 plazas para facilitar su conciliación laboral y familiar.