La reacción a la imputación de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, por el caso Saltamontes, el accidente de una atracción que acabó con la vida de un joven en las fiestas de Matamá en agosto de 2024, no ha tardado en producirse. La portavoz municipal y presidenta del PP vigués, Luisa Sánchez, remitió un audio a los medios de comunicación en el que urge al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a que proceda a destituir a la edil socialista. "La seguridad de la ciudad no puede estar en manos de una persona imputada por homicidio imprudente", indica en su declaración ante la prensa la también vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra.
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Luisa Sánchez señala que el auto que se desveló a primera hora de la tarde de este jueves "es contundente". "Ella era la responsable de adoptar las medidas necesarias para evitar que la atracción operara y que el suceso se produjera", afirma la líder del PP de Vigo, que también destaca que desde los populares vigueses muestran su alegría por el sobreseimiento del procedimiento contra los miembros de la Comisión de Fiestas de Matamá y de la Policía Local. "Aquí se dirime una responsabilidad penal, pero también política; y eso obliga a Caballero a relevar a Patricia Rodríguez Calviño de su cargo".
El PP señala que Abel Caballero "debe saldar cuentas con la ciudad" y considera que "no puede seguir siendo cómplice de esta situación".
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Por su parte, el primero en manifestarse esta tarde fue el BNG de Vigo. El portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas, pide también el "cese e inmediata salida del Gobierno local" de Patricia Rodríguez Calviño y defiende que el auto señala "de manera incontestable" que la "responsabilidad" se sitúa "en la dirección política y en la propia acción de gobierno".
La formación nacionalista considera que esta situación de imputación a la edil de Seguridad de Vigo "obliga" a Abel Caballero "a dar la cara" para que comparezca "de manera urgente" ante el Pleno para que dé respuestas a las viguesas y vigueses. El BNG reitera que es necesaria la constitución de una Comisión Especial de Investigación a nivel local para que se depuren todas las responsabilidades también del punto de vista administrativo, además de detectar defectos en los procedimientos y actuaciones y adoptar medidas que eviten que un suceso de esta índole pueda suceder de nuevo en la ciudad.