La oposición exigirá en pleno a Caballero respuestas tras la imputación de la edila por el caso Saltamontes

El PP de Vigo ha activado la convocatoria de un pleno municipal extraordinario para exigir a Abel Caballero la destitución de la concejala Patricia Rodríguez Calviño, imputada por homicidio imprudente, en concurso con un delito de lesiones, debido al trágico accidente mortal que tuvo lugar en las fiestas de Matamá en agosto de 2024.

Una vez expirado el plazo que el PP otorgó al regidor socialista para cesar a "la ‘superconcejala’ de Seguridad, Fiestas, Contratación y Gestión Pública", la portavoz del grupo, Luisa Sánchez, ha trasladado al BNG, tercera fuerza política en la corporación local, una propuesta de moción de cara a sumar las siete firmas necesarias para convocar dicha sesión plenaria. “Una propuesta que esperamos que apoyen”, ha señalado.

Tal y como ha esgrimido, esta imputación es “de enorme gravedad” y sitúa a la edila en una “posición insostenible” como representante pública. “Mantener a Patricia Rodríguez Calviño en el cargo no hace más que agravar el deterioro de la imagen del Concello”, ha añadido Luisa Sánchez.

Igualmente, la portavoz municipal del PP de Vigo ha reprochado al regidor socialista que "siga sin hablar del fatídico accidente del Saltamontes", atracción que, denuncian, debió ser precintada por el Gobierno local al carecer de permisos. "Tener a un alcalde que no da explicaciones solo aumenta la sensación de impunidad política que perciben muchos vigueses", ha advertido.

"Vigo merece un gobierno que dé la cara, que actúe con ejemplaridad y que no normalice situaciones incompatibles con la ética pública y la transparencia institucional”, ha concluido Luisa Sánchez.

Respuesta del BNG

El Bloque Nacionalista Galego (BNG), por su parte, ha exigido la comparecencia urgente en el Pleno del alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras la imputación de la concejala de Seguridad en el juicio por el accidente del Saltamontes. El frente nacionalista ha registrado un escrito para reclamar que el regidor, como máximo responsable municipal, dé explicaciones públicas delante de la “gravedad” de los indicios señalados en el auto judicial.

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