La Xunta de Galicia y el Concello de Vigo acordaron este martes realizar un 'bypass' de emergencia que garantice el abastecimiento de agua desde la presa de Eiras mientras se sustituyen las válvulas dañadas. Es así porque la Xunta gestiona todo el embalse, pero el Concello se encarga de abrir y cerrar las válvulas dañadas. Todo ello en una reunión que finalizó, una vez más, en un clima de desencuentro y tensión en el que el Gobierno gallego acusó al Concello de Vigo de "desentenderse" de la obra, mientras que este le recordó que en 2023 la Xunta se hizo cargo de la "gestión integral de la presa".
La Xunta detectó el pasado mes de abril el fallo en dos de las cuatro válvulas de la presa, pero no fue hasta ese mes de noviembre cuando la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, alertara sobre el riesgo presente. Es precisamente este lapso de tiempo el que el Gobierno vigués censura, al entender que no haber actuado en seis meses demuestra "una negligencia gravísima e intolerable".
Entre el cruce de acusaciones y desencuentros de ambas administraciones, los hechos son que la Xunta plantea hacer un bypass que permita reparar las válvulas sin tener que cortar el suministro. Vigo asegura poder mantenerse durante 36 horas desconectado, pero otros concellos del área apenas podrían hacerlo durante 9 horas, según ha podido saber este medio. Las obras ascenderían, según Medio Rural, a unos 2 millones de euros.
Una reunión de alta tensión
El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, señaló en un comunicado enviado a la prensa que la obra no sería necesaria "si el responsable del abastecimiento, y que manipuló históricamente siempre las válvulas" hubiese identificado los daños y los hubiera notificado. Señala así a Aqualia y el Concello de Vigo. La concesionaria municipal es la encargada de abrir y cerrar estas válvula, aunque el mantenimiento está a cargo de Augas de Galicia, dependiente del Gobierno gallego.
La Xunta ha lamentado que el Concello se limitó este martes a escuchar las propuestas de Augas de Galicia y, a pesar de que es "el único responsable" de la manipulación de las válvulas "para analizar su estado", "eludió" esa responsabilidad. "La única aportación de Aqualia se limitó a proponer una reparación mínima de una de las válvulas, sin tener en cuenta el riesgo de que pueda volver a romperse", indica la nota de prensa.
El Gobierno gallego censura que en la reunión los representantes municipales "únicamente estaban defendiendo los intereses de Aqualia" y también han criticado que se hubiera excluido de la reunión al representante del Consorcio do Louro (en el que se integran los municipios de Mos, O Porriño, Salceda y Tui) a petición del Concello vigués.
Por su parte, el concejal de Fomento y Servicios de Vigo, Javier Pardo, en una rueda de prensa, ha reiterado que los problemas fueron detectados por Augas de Galicia en abril y que no alertaron hasta octubre. "Nos echaron de la presa y se quedaron con todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y funcionamiento", ha remarcado, antes de denunciar la "negligencia importantísima" y la "inoperancia gravísima e intolerable" de la Xunta.
El Concello vigués señala que aceptó la propuesta de bypass, a pesar de que Augas de Galicia no trasladó ni plazos, ni información más concreta sobre las actuaciones. "Los datos trasladados a los medios de comunicación, como por ejemplo que la obra ascendería a 2 millones de euros, no fueron comunicados en la reunión", afean desde el Gobierno vigués.
Fuentes municipales subrayan que "durante 43 años el Concello ejerció las labores de mantenimiento y conservación con responsabilidad, sin registrar ninguna incidencia" y aseguran que el director de Augas de Galicia manifestó en la reunión que excluir al Concello del mantenimiento fue un "error" llegando a decir que "yo no lo habría hecho así".
Sobre la expulsión del Consorcio do Louro de la reunión, el gobierno vigués pregunta "por qué la Xunta invita a unos concellos sí y a otros no", dejando fuera de la cita a Redondela, Moaña o Gondomar, entre otros. Por último, el Concello lamenta que la Xunta "no es capaz de gestionar una dotación por la que peleó en los tribunales". Al contrario, la Xunta concluyó que "Vigo mostró cual es su postura en la gestión del agua, con constantes litigios por la titularidad de la presa, que es autonómica, y su incapacidad de gestionar un sistema de abastecimiento supramunicipal". Una vez más, ambas administraciones están de acuerdo en su desacuerdo.