La Xunta de Galicia ha confirmado que no va a "obstaculizar" la prórroga del plazo de la ordenación provisional acordada por la Xerencia de Urbanismo de Vigo pero ha puntualizado que, si los plazos de tramitación del Plan Xeral se han dilatado, ha sido por la actuación municipal. Así, el gobierno autonómico ha recordado que el anterior Plan Xeral de Ordenación Municipal (PGOM) fue anulado por el Tribunal Supremo en 2015 y que el instrumento de ordenación provisional fue aprobado en 2019. Este documento estará vigente hasta el 13 de julio de 2023, momento en el que el Concello de Vigo debe tener aprobado de forma provisional un nuevo planeamiento.
El pleno municipal aprobó el Plan inicialmente en agosto de 2021 y lo remitió a la Xunta para su revisión. Durante ese tiempo, la administración autonómica elaboró 15 informes, de los que 13 fueron positivos, y dos negativos. Esos informes desfavorables fueron remitidos por última vez al Concello en diciembre pasado, según la Xunta.
El primero de esos informes negativos es de Patrimonio Cultural (que informó desfavorablemente tres veces), que pide que se hagan prospecciones para conocer todos los bienes culturales de Vigo y evitar que el desarrollo urbanístico provoque daños. "La negativa del Concello a realizar estos estudios impide disponer de una foto fija actualizada del patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico de la ciudad, que estamos obligados a respetar y proteger", han señalado fuentes de la Xunta.
El segundo informe desfavorable es de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI), que expone varias "carencias": falta de un estudio de tráfico de viales autonómicos e imputación a la Xunta del coste de 85 millones de euros del vial de Beade y Bembrive (PO-010). Este miércoles, la administración gallega ha recibido la respuesta del Concello al informe de la AXI (en el que se acepta no imputar a las arcas gallegas el coste de la PO-010), pero aún no tiene respuesta al informe de Patrimonio.
"Una demora más"
Con respecto a la decisión de suspender el cómputo del plazo de la ordenación provisional, la Xunta ha constatado que el Concello prefiere "sumar una demora más" a la tramitación del Plan, en lugar de "responder con agilidad" a los requisitos que necesita el documento. "La Xunta de Galicia siempre respondió en tiempo y forma al Concello para que la ciudad disponga de un Plan cuanto antes, pero el gobierno local demoró en reiteradas ocasiones el cumplimiento de los requisitos", han apostillado fuentes autonómicas.
Las mismas fuentes han instado al Concello a rectificar las "deficiencias" del documento para "evitar un nuevo retraso" y responder a las miles de alegaciones, al tiempo que han negado que haya un interés por "dejar sin plan provisional a los vigueses". "El deber de la Xunta es cumplir la ley en materia de protección patrimonial y de ordenación viaria. El del Concello, elaborar un Plan que sea autorizable", han sentenciado.