El Gobierno gallego ha enviado este año 17 actas de infracción a Vigo debido a los servicios prestados en el ámbito urbano por vehículos VTC. A su vez, se ha hecho llegar una comunicación a las empresas titulares de VTC, así como a las plataformas de intermediación entre las personas usuarias y las titulares de autorizaciones VTC que operan actualmente en Galicia (Uber, Bolt y Cabify), recordando los objetivos legales para prestar el servicio. En el caso de la ciudad olívica de VTC.
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En lo que se refiere a toda Galicia, la Xunta ha señalado que se han enviado en el último año casi 250 actas de infracción, de las que se registran la mayoría de ellas en Santiago de Compostela y en A Coruña.
En el comunicado enviado a las empresas titulares de VTC se incide en que los vehículos no pueden tener publicidad ni signos externos identificativos y en que deben llevar a bordo una copia del correspondiente contrato, o bien disponer de los medios que permitan acreditarlo. En este contrato deben figurar, entre otros, los datos de identificación de la persona que lo suscribe y del vehículo, el número de autorización de arrendamiento del mismo, así como el lugar, día y hora de comienzo del servicio, su duración y el precio o los criterios objetivos para calcularlo.
La normativa establece también el deber de la remisión de la información del servicio prestado al Registro de Comunicaciones de Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (RCTV), tanto del contrato como del inicio del servicio. Además, los servicios deben contratarse con una antelación mínima de 15 minutos a la realización.
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La Xunta recalca que tiene competencia para "controlar y sancionar" los servicios interurbanos que detecte dentro de la comunidad autónoma, en relación con los requisitos y deberes recogidos en la Ley de transporte en vehículos de turismo y normativa autonómica de desarrollo, así como los recogidos en la normativa estatal de aplicación.