La conselleira de Vivenda, María Martínez, ha instado al Gobierno central a "cubrir las lagunas" de la normativa estatal sobre obras ilegales en la costa, después de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional que Galicia limite a 15 años el plazo de actuación contra obras ilegales en este ámbito. A preguntas de los medios, en un acto en Pontevedra, ha instado al Gobierno a "regular la prescripción de la caducidad de la acción" al entender que el fallo del Tribunal Constitucional plantea, según la Xunta, "la falta de competencia de una comunidad para cubrir esa laguna que existe en la normativa estatal".
"Una edificación que tenga orden de demolición y no se ejecute en 15 años sí que pasaría a situación de fuera de ordenación, sin embargo una edificación que lleva 40 años edificada nunca estaría en esa situación", ha citado como ejemplo y tras incidir en que la normativa autonómica busca "crear seguridad jurídica a esas construcciones que llevan décadas en la servidumbre de costas".
De la normativa estatal, ha remarcado que "no establece un plazo de caducidad de acción para que la administración pueda iniciar un expediente de reposición de la legalidad como existe en zonas de especial protección como la paisajística", ha apostillado también. Ahora, ha dicho que lo que espera la Xunta es que el Gobierno "regule esa prescripción de la caducidad de la acción" si el Constitucional considera "que las comunidades autónomas no son competentes para esa regulación".