La crisis de la vivienda no solo es generalizada en Vigo, sino que se manifiesta en diferentes planos. Afecta a quien se ve obligado a compartir piso, especialmente con desconocidos. Afecta a quien sigue bajo el techo familiar, incluso cuando la relación no es buena. Afecta a quien solo se plantea independizarse si es en pareja. Y afecta, también, a quien vive toda su intimidad entre las mismas cuatro paredes a excepción del cuarto de baño, la única sala separada por una puerta.
Según los principales portales inmobiliarios, Vigo cuenta ahora mismo con un mercado de aproximadamente 381 pisos en alquiler. La oferta fluctúa, especialmente con temporadas como la Navidad, el verano o el inicio y fin del curso universitario, pero la proporción se mantiene relativamente. De toda las rentas disponibles, el 25,9% mide menos 60 metros cuadrados. Un tamaño suficiente para una persona o una pareja, pero que comienza a ser complicado para una familia. Peor todavía es la situación para las 25 viviendas en alquiler que rondan los 30 metros cuadrados, como aquellas que tanto escandalizaron cuando el Gobierno de Zapatero las propuso como Viviendas de Protección Oficial.
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Todo ello se agrava si se atiende a la distribución. Casi el 30% de los pisos disponibles en Vigo son estudios o, como mucho, cuentan con una habitación. La rutina de cada mañana entre la cama, la cocina donde uno se prepara un café y la mesa en la que se lo toma no supone una distancia de más de dos metros cuadrados. La vida reducida a la rueda de un hámster. Imposible para más de una persona, y así lo exigen incluso algunos de los anuncios: "No se admiten parejas".
Una tendencia al alza. Las promotoras y propietarios optan por dividir antiguos pisos grandes en pequeñas viviendas o directamente construir estudios dada su mayor rentabilidad. En cualquier caso, siempre hay alguien interesado y no dura demasiado en el mercado.
Lo peor, sin embargo, sigue siendo que a pesar de todos los inconvenientes ninguna de ellas baja de los 500 euros mensuales. Se supone que el alquiler no debe suponer más del 30% del salario de una persona. De modo que el piso más barato resulta inaccesible para quien cobre el salario mínimo.