No está siendo una semana fácil para Marián Mouriño y el resto de responsables del Celta. Además de la polémica generada por la más que previsible venta de Fer López al Wolverhampton, en las últimas horas se ha conocido el informe de la Comisión Antiviolencia, que ha sido especialmente duro con el club vigués.
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Antiviolencia ha propuesto una sanción de 350.000 euros a la entidad celeste y la clausura de tres meses del estadio de Balaídos por las deficiencias detectadas en el último partido de Liga disputado en el coliseo vigués, el encuentro en el que los de Claudio Giráldez cayeron ante el Rayo Vallecano.
Tres motivos clave
Antiviolencia argumenta su severo castigo al Celta por tres motivos clave. El primero de ellos es que las vías de evacuación de la grada de Marcador Bajo estuvieron bloqueadas por aficionados durante todo el partido, un factor que supondría un riesgo para todos los asistentes.
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Otra de las deficiencias graves denunciadas por Antiviolencia es que un empleado del Celta permitió el acceso de seguidores del conjunto vigués desde la grada de Río Bajo hasta Marcador Bajo sin autorización. El tercer factor censurado ha sido que un grupo de personas accedió a Balaídos desde una entrada de vehículos sin que hubiera ningún tipo de control ni observación entrada las condiciones de acceso. Según señala Antiviolencia, estas personas no tenían entrada o título válido y no habrían pasado por los tornos de acceso.
El Celta debe ahora presentar alegaciones sobre esta propuesta de sanción formulada por Antiviolencia. Hay que recordar que las tres deficiencias denunciadas se produjeron en la grada de animación.