El comité de empresa de Unísono, compañía del sector de los centros de llamadas con sede en Vigo, acaba de paralizar la actividad laboral acogiéndose al artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Aseguran que “la dirección no garantizadora las medidas de seguridad para la plantilla tras la detección de un contagio por coronavirus en la empresa”.
La CIG denuncia que “las empresas, como siempre, avariciosas y sin tener en cuenta a su personal, se negaban el viernes, y durante el fin de semana, a facilitar permisos retribuidos para aquellas personas que no tenían manera de poder cuidar de sus hijos, y dando como alternativa, en algunos casos, acudir a las bolsas de horas, solicitar vacaciones o excedencias no retribuidas, medidas siempre a costa del trabajador, demostrando una vez más, la nula sensibilidad, respeto o valor que le dan a sus empleadas y empleados”.
Con todo, algunas empresas habían ya comenzado a tomar medidas el domingo y el lunes, pero “otras como Unísono o Atento hicieron caso omiso de las recomendaciones sanitarias”, denuncian desde la central sindical.
Según explican los trabajadores, “se mantenía a cientos de personas en salas, a escasos centímetros unas de otras, compartiendo el puesto de trabajo, los equipos, el teclado e incluso cascos con micrófono en permanente contacto con la boca”. Tampoco se habrían extremado las medidas de limpieza de los centros ni se facilitado en la mayoría de los casos medidas básicas como guantes, gel, toallitas desinfectantes u otros elementos recomendados por la autoridades sanitarias para prevenir el contagio con el virus COVID19.
En el día de ayer la situación empeoró al comunicar la empresa el caso de una persona contagiada de coronavirus en uno de los centros de la misma, sin concretar exactamente donde presta sus servicios esa persona y sin indicar a sus compañeros y compañeras que se pusieran en contacto con la autoridad sanitaria para recibir las instrucciones pertinentes.
Así, pues, dado que la empresa tenía “una total inacción”, el comité de empresa decidió poner en conocimiento de la propia empresa, de la autoridad laboral competente y de las consellerías de Emprego y Sanidade que, acogiéndose a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 21, paraliza la actividad de la empresa hasta que la autoridad competente emita su resolución al respeto.
Denuncian también la “actitud de coacción y amenazas de mandos de la empresa con las trabajadoras y trabajadores manifestando que iban a poner sanciones por abandono de los puestos de trabajo”.
Desde la CIG exigen de las autoridades pertinentes que se establezca claramente cuáles son los servicios esenciales en este sector y que se le obligue a las empresas a ofertar el teletrabajo con carácter general, así como el cumplimiento escrupuloso de las normas de prevención de los contagios.
En los últimos días, formaciones políticas como Marea de Vigo y BNG habían expresado su rechazo a que las empresas de "calls-centers" no cumplieran las medidas adoptadas en el plan de emergencia de la Xunta o en el estado de alarma que anunció el Gobierno el pasado sábado. Durante el fin de semana, una iniciativa popular realizó una recogida de firmas en la plataforma Change.org para que este tipo de empresas de televenta cesara su actividad salvo que se dedicará a servicios de emergencias.