"Amancio, cobarde, la gente está que arde", así han irrumpido las trabajadoras y trabajadores del textil en Príncipe en una nueva jornada de huelga contra el convenio ARTE. Este mismo lunes han vuelto a salir a las calles en varias ciudades de Galicia para exigir que se mantenga su convenio propio provincial.
A primera hora del día, una parte de las protestas se han concentrado en Gran Vía para después reunirse frente al MARCO. Cerca de las 12:00 horas, decenas de personas se han agrupado en este punto para leer un manifiesto poniendo el foco en sus exigencias.
A partir de ahí, han vuelto a tomar la calle Príncipe cargando contra las grandes empresas del textil y obligando a cerrar tiendas como la de Mango. También han organizado un piquete frente al local de Zara, donde algunas personas entraban y salían del establecimiento.
Postura de la CIG
En la protesta de Santiago Miriam Cuíña, delegada de la CIG, ha expresado su rechazo a la inclusión en este convenio de ámbito estatal y ha pedido que se respete su "convenio provincial, que tanto tiempo nos costó". "Trabajamos aquí, queremos negociar el convenio aquí, no queremos tener un convenio a nivel estatal en Madrid, que no tenemos capacidad para negociar", ha explicado la representante. Algo que comparte el resto de protestas de Galicia.
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La aplicación de este convenio, ha asegurado, supondría "la pérdida de un montón de derechos que ya estaban adquiridos", así como "una pérdida de dinero sustancial" y, sobre todo, "pérdida de mejoras a nivel de conciliación y licencias".
"Entonces, realmente perderíamos la mayoría de las condiciones que tenemos a día de hoy y pasaríamos a tener un convenio peor, ya no solamente a nivel dinero, sino a nivel de derechos de conciliación, en un comercio mayoritariamente feminizado. Sería una vuelta atrás gravísima", ha denunciado.
Miriam Cuíña ha cifrado en unos 3.000 euros anuales la pérdida económica que supondría para una trabajadora a tiempo completo, a lo que habría que sumar la eliminación de los descansos como tiempo de trabajo.
En este panorama, los representantes de los trabajadores han instado a la patronal a "sentarse a negociar" y ha reclamado que no "dejen a sus trabajadores en manos de gente que les quiere meter un convenio que les perjudica". La situación afecta, en datos de la CIG, a una media de 35.000 personas.