El Concello do Porriño ha contratado la auditoría para dar cumplimiento al plan anual de control financiero, como ordenó el Interventor municipal. Tal y como explicó el alcalde, Alejandro Lorenzo, “el período a controlar será el que abarca los ejercicios 2018 a 2022, fiscalizando la cuenta 413, de acreedores pendientes de aplicar al presupuesto, analizando toda la “facturación irregular” de estos años.
También serán objeto de control los expedientes de contratación de servicios, uno de suministros y uno de obras correspondientes a este período, así como las subvenciones. “Se contactará con todos los proveedores y acreedores para pedir que remitan sus facturas y, de contrastar su veracidad, se procederá al pago de lo que se les debe”, explicó el regidor.
Todo esto se completará con la comprobación de los cumplimientos de los parámetros fijados en el informe de Fiscalización Selectiva del Concello do Porriño emitido por el Consello de Contas de Galicia. Este es el último paso en el proceso de regularización de las contabilidad y contratación municipal, al que se comprometió el regidor y que estuvo precedido por la revisión de toda la facturación irregular desde los servicios de intervención municipales.
“Lo primero que hice como alcalde fue a firmar una comunicación a los servicios de Secretaría, Intervención y Contratación para poner fin a toda la facturación irregular que estaba entrando de manera sistemática sin ningún tipo de contrato. También, y no menos importante que, de manera inmediata, se pusiera en marcha la licitación de todos los servicios”, destaca Lorenzo.
El actual Gobierno municipal asegura que desde entonces se fiscalizaron todas y cada una de las facturas irregulares que se deben y que fueron retiradas de la contabilidad municipal entre los años 2018 y 2021. Una cifra que ascendía a 5,5 millones euros y, que tras la puesta en marcha de este procedimiento se redujo en 2,4 millones. Así, en la actualidad la cuenta de facturas pendientes de aplicar al presupuesto se sitúa en 3,1 millones.
“Existe un procedimiento penal abierto en el que se investiga toda la facturación irregular y la contratación ‘a dedo’ de estos años, así como numerosos contenciosos por denuncias de impago de facturas irregulares que contaban con la conformidad del anterior gobierno municipal”, explican desde el Concello.
“Nadie que prestara servicios a este Concello va a quedar sin cobrar”, se compromete el alcalde, Alejandro Lorenzo.