Traspiés para uno de los proyectos más importantes de vivienda de protección en O Porriño. La reclamación de una empresa alegando que es propietaria del subsuelo de los terrenos en los que se iba a levantar un complejo con 60 viviendas de protección en régimen de alquiler ha obligado a activar un mecanismo alternativo que permita salvar el plan y evitar la pérdida de una importante subvención de la Xunta de Galicia. El Concello esgrimirá el interés público para imponer ahora una normalización de fincas, un instrumento urbanístico que busca asegurar la legalidad del proyecto.
La cuestión, que se enreda en tecnicismos legales, se remonta a 2008. Entonces, la empresa Pampillón y Dávila S.L. cedió obligatoriamente al Concello el pleno dominio (suelo y subsuelo) de varias parcelas destinadas a zonas verdes, cesión que quedó inscrita en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, solo doce días después, se firmó una "escritura complementaria" (que no se inscribió en el Registro) en la que se manifestaba que la intención era ceder únicamente el uso de la superficie, manteniendo la empresa la propiedad del subsuelo.
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Durante el periodo de información pública en febrero de 2026 del nuevo proyecto de la Cooperativa Aloques, la empresa Pampillón y Dávila S.L. presentó alegaciones impugnando la titularidad municipal basándose en la escritura de 2008. Esta reclamación formal creó una controversia que invalidó el proyecto, ya que el Concello no puede disponer mediante contrato de unos bienes cuya propiedad está siendo cuestionada legalmente.
Así lo recoge el informe jurídico encargado por el Gobierno local que ahora aporta una vía para encontrar una salida legal. Para superar el bloqueo, el informe propone acudir al artículo 110 de la Ley del Suelo de Galicia (LSG) para actuar de forma unilateral reorganizando la propiedad a través de una "normalización de fincas" con el objetivo de "priorizar el interés público" de forma urgente. Se hará sí porque es necesario cumplir con un plazo de construcción estricto para evitar la pérdida de una subvención de casi 3 millones de euros.
De esta forma, el conflicto ya no se centrará en quién es el dueño del subsuelo, sino en su valoración económica. La ley establece que las variaciones en el valor de las fincas tras la reorganización se compensarán en metálico. Así, los derechos de la empresa reclamante quedan protegidos mediante una indemnización económica, pero sin capacidad de vetar el proyecto.
Ahora, la arquitecta municipal deberá validar la regularización para asegurar que cumple con el Plan Xeral, que posteriormente será aprobada por Alcaldía y presentada en exposición pública. Las alegaciones se resolverán en el marco del procedimiento, permitiendo que el proyecto de viviendas (garajes y trasteros en el subsuelo) siga adelante mientras se dirime la compensación económica justa.
"La reactivación y tramitación del expediente de normalización de fincas no solo es la opción más viable, sino que se configura como un deber de la administración para garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística, proteger el interés público y facilitar el desarrollo de un proyecto estratégico", señala el informe municipal.
El PSOE culpa al alcalde
En este contexto, el grupo municipal socialista ha alertado sobre la falta de "seguridad jurídica suficiente" para continuar con el convenio, lo que ha motivado su desistimiento. El PSOE local responsabiliza al alcalde, Alejandro Lorenzo, de la situación y sostiene que no se verificó adecuadamente la titularidad de los terrenos antes de impulsar la iniciativa. El portavoz socialista, David Alonso, ha criticado la gestión del proyecto y ha cuestionado que se anunciara una operación de este alcance sin contar con las garantías jurídicas necesarias.
Los socialistas aseguran que la paralización del convenio compromete la construcción de las viviendas previstas, la puesta en marcha del local de Servicios Sociales previsto dentro de una permuta acordada en el convenio inicial y la inversión asociada al proyecto.