El culebrón sobre la deuda del Concello de O Porriño con el de Vigo por los costes de mantenimiento y gestión del embalse de Eiras, desde el que recibe agua el municipio de A Louriña firmó este lunes un nuevo capítulo. Después de que el Concello de Vigo aprobara esta pasada semana iniciar el procedimiento de apremio para una deuda que cuantifica en más de 6 millones de euros -lo que supone comenzar a sumar intereses cada vez mayores si O Porriño no paga-, el alcalde del concello de A Louriña ha defendido que busca llegar a un acuerdo político por el uso del agua, pero rechazó una "supuesta deuda" que, dijo, no le corresponde pagar.
El lío viene de lejos. Hace más de 60 años, el Ministerio de Obras Públicas otorgó a O Porriño una concesión para disponer de 0,5 metros cúbicos por segundo desde Eiras para abastecer al polígono industrial. De ahí parte todo. Desde Vigo, en 1998 se aprobó un acuerdo plenario para exigir a O Porriño el pago de diferentes cantidades económicas por el coste del canal que conecta con Eiras hasta O Porriño. "En ese año en Concello de O Porriño debería haber alegado", lamentó este lunes el alcalde, Alejandro Lorenzo, en una rueda de prensa para tratar el asunto.
Deuda prescrita
Lorenzo insistió que O Porriño "tiene una concesión y no tiene que pagar nada" por el agua y añade que la "deuda" entre 1998 y 2020 habría prescrito. En cualquier caso, sí se abre a abonar "cantidades que correspondan" en años recientes por el mantenimiento de la infraestructura. La polémica ha vuelto a revivir después de que Vigo aprobara la pasada semana una nueva providencia de apremio para cobrar la deuda, que cifra en más de seis millones. "Dicen que es la primera vez que lo tienen que hacer porque antes se pagaba y no es cierto", señaló Alejandro Lorenzo para mostrar al menos ocho providencias de apremio en las que Vigo exigía el abono de la deuda entre 2013 y 2021.
El actual gobierno local porriñés señala que durante el mandato socialista de Eva García de la Torre (2015-2021) nunca se abonó ninguna cantidad, por lo que busca evidenciar que no se trata de un "enfrentamiento de siglas políticas". Alejandro Lorenzo, que reconoce que en 1998 O Porriño debería haber recurrido ese acuerdo y no lo hizo, explica que hubo dos pagos, uno en 2009 durante un gobierno del BNG, cuando se pagó algo más de 27.000 euros -con informe desfavorable de Intervención-, y otro de 2012 a través del Plan de Pago a Proveedores del Gobierno central en el que Hacienda pagó a Aqualia 140.000 euros en siete facturas.
Todo ello llega además después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimara un recurso del Concello de O Porriño contra una sentencia de primera instancia que rechazó su pretensión para que se revisara el acuerdo plenario de 1998. La sentencia señala, por otra parque, que Vigo "no aprobó ninguna tarifa por el suministro de agua a los usuarios del término municipal de O Porriño, como sí lo hizo para los de Nigrán, Cangas, Moaña, Redondela y Soutomaior, ya que lo que hizo fue aprobar los importes que el Concello de O Porriño debía abonar al de Vigo, a partir del 01.01.98, en concepto de participación en los gastos que éste afrontó para recuperar la inversión que abonó, así como los de vigilancia y mantenimiento".
Sea como fuera, O Porriño mantiene, alegando informes de Intervención del propio servicio municipal así como de la Diputación de Pontevedra, que la "supuesta deuda" habría prescrito, pero sí acepta que se abonen los gastos entre 2020 y 2023 -en ese año se da por amortizada la obra- a través del Consorcio do Louro, que gestiona ahora el abastecimiento de Mos, Salceda y Tui, además de O Porriño. Tampoco hay acuerdo sobre lo que se debe pagar a partir de 2023, cuando entraría en vigor una nueva tarifa. Para poder desenquistar el asunto, piden una reunión con el Concello de Vigo, aunque lamentan que no han tenido respuesta más allá de los tribunales.
Desde O Porriño insisten en que seguirán litigando con varios contenciosos-administrativos abiertos. "No quiero enfrentamientos ni juegos mediáticos o políticos, pero quiero ver por el bien de O Porriño y llegar a acuerdos. Se luchará para que se pague lo que se tenga que pagar pero no lo que diga cualquier persona", zanjó el alcalde porriñés pidiendo no "politizar" el tema.