La rehabilitación del IES Santa Irene de Vigo, promovida por la Consellería de Educación, podría dejar en su fachada uno de los últimos resquicios del franquismo en la ciudad. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia ha informado negativamente sobre la propuesta para cubrir el escudo de la dictadura que aún conserva, una medida que buscaba cumplir con la Ley de Memoria Histórica.
La reforma integral del edificio, que cuenta con un presupuesto de de 878.872,02 euros e incluye la construcción de un ascensor, nuevas rampas, luminarias en las escaleras, reforma de los aseos, instalación de iluminación led o revisión de la carpintería, también recoge la necesidad de tapar el escudo de la fachada. El anteproyecto proponía taparlo y no retirarlo, para así evitar "dañar el encuadre central en el que se localiza". La solución consistía en instalar una chapa de acero inoxidable mate delante del mismo. Sin embargo, Patrimonio se ha negado.
En su dictamen, la Dirección Xeral dependiente de la Xunta de Galicia explica que, dejando aparte las obras de conservación y mantenimiento, la mayor incidencia sobre el edificio se producía en la construcción de las rampas de acceso, la instalación del ascensor y el tapado del escudo.
Con respecto a las dos primeras, Patrimonio entiende que la soluciones encajan con el edificio y son además necesarias para cumplir la accesibilidad entre las plantas. El escollo llega con la eliminación de la simbología franquista.
Patrimonio explica, siempre en condicional, que “podría interpretarse que el escudo, que estaba previsto en el proyecto original y que es uno de los elementos pétreos singulares del edificio, podría estar acogido a una de las circunstancias de excepcionalidad” previstas sobre la retirada de esta simbología.
Así, se considera que ocultar el escudo “no es compatible con la conservación de los valores culturales del edificio” ya que para Patrimonio esta simbología franquista del edificio del Santa Irene “cuenta con un valor artístico y significado valor histórico”.
Tras este dictamen, el Concello de Vigo ha decidido interponer un recurso al entender que la retirada de este tipo de elementos arquitectónicos “no es una mera recomendación cuya efectividad pueda quedar al albur de la discrecionalidad de las Administraciones, sino que es una obligación”.
El Concello explica que el escudo no fue determinante para la catalogación protegida del edificio y que "no es un elemento fundamental de la estructura”. La determinación municipal contrasta, eso sí, con su posición con otros elementos de simbología franquista como la cruz de O Castro.
La cruz, levantada en pleno franquismo e inaugurada durante un viaje del dictador en 1961 fue denunciada por la Asociación Viguesa de la Memoria Histórica. En 2014, el juzgado de lo contencioso - administrativo número 2 de Vigo les dio la razón y ordenó su derribo. La sentencia aseguraba que la cruz “no es un símbolo religioso, sino político, que se construyó para conmemorar la sublevación militar de 1936, de los vencedores de la Guerra Civil y de la posterior dictadura y represión”. Sin embargo, el gobierno socialista de Caballero se negó a acatar la sentencia y presentó un recurso. Tanto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como el Tribunal Constitucional respaldaron que no fuera derruida.