La Confederación Intersindical Galega (CIG) reclama al Gobierno de España que se restablezca el derecho para jubilarse parcialmente a los 61 años para todas las personas trabajadoras en todos los sectores y no solo en la industria manufacturera.
También demanda recuperar la jubilación a los 65 años para toda la clase trabajadora frente a los 67 establecidos actualmente y pide la jubilación voluntaria a partir de los 35 años cotizados, reales o por aplicación de los coeficientes reductores en determinadas profesiones.
Así lo ha expuesto este miércoles el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, en el transcurso de una movilización celebrada en Pontevedra dentro de la campaña que tiene en marcha la central nacionalista en “defensa del derecho a una jubilación digna para todas y todos”.
Después de celebrar una asamblea comarcal de delegados, ha tenido lugar una movilización que partió desde la Biblioteca Pública del Estado hasta las oficinas de la Seguridad Social para reivindicar “transparencia” y que se tengan en cuenta las propuestas de la CIG en estas materias y sus derechos de participación institucional. Al igual que en Pontevedra se han convocado manifestaciones en las siete principales ciudades gallegas.
Según ha trasladado Paulo Carril, el Gobierno español prepara una modificación de la jubilación parcial y de la anticipada por coeficientes reductores, “usurpando” los derechos de representación institucional de las centrales con la condición de más representativas, como la CIG. Así, ha denunciado que “suplanta” de manera “ilegal” a los organismos públicos por el diálogo social, abordando de manera “oscurantista” una reforma que “amenaza con introducir nuevos recortes en el sistema público de pensiones”.
Carril ha indicado que el Ejecutivo central pretende establecer en 63 años la jubilación parcial “cuando existe el triple de desempleo juvenil” y ha denunciado que esto supone una prolongación de la vida laboral en situaciones que llegan a ser “insalubres, tóxicas, peligrosas o penosas”. Además, Paulo Carril ha acusado al Ministerio de Trabajo y a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT junto a la patronal de acometer un proceso que empeora las condiciones actuales.