La alcaldesa del Concello de Redondela, Digna Rivas, ha trasladado "un mensaje de absoluta tranquilidad" a todas las personas usuarias del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y a sus familias, garantizando con total firmeza la continuidad y calidad de la prestación. Esta declaración se produce después de que los grupos de la oposición (PP y BNG) hayan unido sus votos en el último pleno para rechazar la prórroga del contrato de gestión con la empresa Edades, SL. Rivas explica que la prórroga de un año “ya estaba prevista en los pliegos y avalada por los informes técnicos”.
La alcaldesa calificó la postura adoptada por la oposición como un acto de "profunda irresponsabilidad política" que "antepone el desgaste del Gobierno municipal al bienestar y a la seguridad de las personas más vulnerables". La regidora lamentó que se utilice el servicio social “como una herramienta de confrontación partidista”.
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Esta decisión, valora, genera una situación “de enorme complejidad administrativa y jurídica que podía evitarse”. Rechazar la prórroga obliga a la alcaldesa a asumir una responsabilidad para garantizar la continuidad de este servicio esencial. “Tendré que adoptar medidas que no serían necesarias se prevaleciera el interés general sobre el interés partidista” lo que incluye tramitar “actuaciones excepcionales” para evitar que las personas dependientes y sus familias se vean perjudicadas, explica la alcaldesa.
Asegura Rivas que la prioridad seguirá siendo “proteger a las personas, garantizar la estabilidad de las trabajadoras y asegurar que el SAF se presta con todas las garantías”. Rivas remarca que lo hará “dando la cara y asumiendo las responsabilidades que otros decidieron eludir.
La postura del Concello
El Gobierno de Redondela defiende que la prórroga propuesta era la opción técnica más viable y segura para evitar alteraciones en la rutina diaria de los dependientes y garantizar la estabilidad laboral del personal, mayoritariamente mujeres. La concellería de Servizos Sociais, Iria Vilaboa, advirtió que el rechazo a la prórroga obliga legalmente a iniciar una nueva licitación pública. Este proceso técnico no solo dilatará los plazos administrativos, sino que implica posibles revisiones de precios al alza para el Concello, generando una incertidumbre innecesaria tanto para las trabajadoras como para las personas beneficiarias.