"Si la dirección de Vitrasa no da pasos decididos y de mayor calado para crear unas condiciones que permitan una verdadera negoción el conflicto se agravará". Así de contundente se mostró este jueves el secretario comarcal de la CIG de Vigo, Alberto Gonçalves, durante la rueda de prensa ofrecida por los cuatro sindicatos con representación en el comité de empresa en la concesionaria del bus urbano de Vigo.
Gonçalves compareció ante los medios de comunicación junto a responsables de CCOO, UGT y USO de la propia representación del cuadro de personal para abordar la situación cuando se cumplen 62 jornadas de huelga indefinida en demanda de un convenio colectivo digno. El máximo responsable de CIG-Vigo anunció que "se a empresa e o Concello non dan un paso adiante, se non moven ficha, dende a nosa central imos mobilizar os 1.300 delegados e delegadas sindicais que temos na bisbarra".
De igual modo, los representantes de los otros sindicatos mostraron su disposición a extender el conflicto al conjunto de las organizaciones porque, tal y como señaló Gonçalves, esta huelga es ya por los intereses y la dignidad de la clase trabajadora en general. Por eso incidió la necesidad de que la empresa atienda las principales reivindicaciones de unos trabajadores y trabajadoras, comenzando por la retirada de las sanciones y de todos los expedientes abiertos y siguiendo por poner encima de la mesa avances reales en la recuperación del poder adquisitivo y en la mejora de las condiciones de trabajo.
El responsable de CIG-Vigo recordó que la empresa lleva años acumulando numerosos incumplimientos laborales, lo que provocó una continua conflictividad y un bloqueo de negociación colectiva, con el convenio caducado desde diciembre de 2020. "Trátase dunha situación sen precedentes no servizo de transporte da cidade, da que a única responsábel é a posición de bloqueo da dirección, envalentonada pola complicidade do Goberno local de Abel Caballero". Lamentó que en este tiempo el personal tuvo que enfrentar el intento de la empresa de bajar los salarios casi un 40% mediante un descuelgue del convenio y está padeciendo una "brutal campaña" de represión sindical, "con case 20 sancións inxustificadas e con expedientes arbitrarios que poderían supoñer o despido das persoas afectadas". Además, la dirección se negó a negociar con la excusa del reequilibrio económico, pretendiendo con esa "actitude pirata" lograr nuevas subvenciones mientras mantiene sin actualizar los salarios del personal, que padece una fuerte pérdida de poder adquisitivo.
"E todo baixo o paraugas do Goberno municipal, un goberno absolutamente entregado aos intereses da empresa e cun cada vez máis indisimulado discurso antisindical que en nada ten que envexar á dereita máis rancia". Por eso considera que tanto el Concello como la empresa parecen empeñados en colocar el conflicto en un callejón sin salida y en poner la ciudadanía en contra del comité de empresa. Y quiso dejar muy claro que la disposición a negociar de manera honesta por parte de los representantes de los trabajadores y de los propios sindicatos quedó acreditada con el preacuerdo firmado en la penúltima reunión entre las partes. "Entendiamos que podía ser un punto de partida para desbloquar a situación e avanzar cara a negociación dun convenio digno, pero foi rexeitado de maneira moi contundente polo cadro de persoal en asamblea".
En este sentido, señaló que el mensaje de los empleados y empleadas fue muy clara. "Están fartas e fartos do comportamento da dirección e non se fían da súa palabra; de xeito que consideraron insuficiente este primeiro paso dado pola empresa tras anos negándose a negociar". Una "decisión rotunda" dejó en evidencia a quien durante las últimas semanas sostenga públicamente que la huelga no contaba con el apoyo de la mayoría del personal, "en especial o voceiro municipal Carlos López Font e as súas vomitivas declaracións, impropias dun representante dunha formación que se di progresista".