Sumar Galicia elevará al Grupo Plurinacional del Congreso de los Diputados "una batería de iniciativas" que permita que la AP-9 sea "pública y gratuita" para el año 2026. Así lo ha avanzado el portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, en una rueda de prensa ofrecida este martes en Santiago junto con los dos diputados de la formación por A Coruña y Pontevedra, Manuel Lago y Verónica Martínez Barbero, respectivamente.
Se trata, en palabras del portavoz, de plantear "un giro radical" con la AP-9 y Audasa, la empresa que la gestiona. "Basta de parches, basta de seguir engordando las cuentas de resultados de Audasa con descuentos. No es suficiente, es hora de tomar decisiones", ha proclamado López.
Por ello, los dos representantes gallegos en el Grupo Plurinacional de Sumar elevarán varias iniciativas "con el objetivo de recuperar para lo público" esta autopista cuya ley para transferir su titularidad a Galicia --cabe recordar-- lleva años de trámites en las Cortes Generales.
Hay dos motivos por los que la formación de Yolanda Díaz quiere dar este "giro radical", según ha explicado Manuel Lago. En primer lugar, porque en 2026 vencen las concesiones "de casi todas las autopistas con peajes" del Estado, mientras que "la única" con más de 100 kilómetros que seguirá concesionada será la AP-9, hasta 2048.
En segundo lugar, porque el plan financiero que Audasa elevó al Gobierno central dice "que entre 2011 y 2048 va a ingresar por peajes más de 9.500 millones de euros". Junto a esto, Lago ha cifrado en 3.400 millones los "diferentes compromisos que ha asumido la Xunta y el Gobierno central" con la empresa, que ahora misma está controlada por un fondo holandés.
Hace solo unos días, la Comisión Europea (CE) anunció que abría un expediente de infracción a España por incumplimiento de la normativa sobre la concesión de autopistas. En concreto, enviaba una segunda carta de emplazamiento en respuesta a la denuncia realizada por En Colectivo sobre la AP-9.
En su dictamen, la Comisión abordaba diversas cuestiones relacionadas con esos contratos y considera que España prorrogó la duración de la concesión de la autopista gallega "sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE". Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación.