Trabajadores de Madera Fiber, antigua filial de Faurecia en O Porriño actualmente en concurso de acreedores, se han concentrado este martes ante las puertas de la factoría que la multinacional auxiliar del sector automovilístico tiene en el Valladares para tratar de impedir que sus empleados acudiesen a sus puestos.
Según han informado fuentes sindicales a Europa Press, fue a partir de las 13:00 horas cuando decenas de personas comenzaron a congregarse en el Parque Tecnológico y Logístico de Vigo. La concentración iba encabezada por una pancarta que se quejaba de la "ética" que, a su juicio, lleva a cabo Faurecia, que primero cobró subvenciones, después cerró la planta y ahora pretende que el personal cobre de la Administración.
Allí, los empleados de Madera Fiber intentaron impedir que los trabajadores de Faurecia no pudiesen acceder a la fábrica. Sin embargo, agentes de la Policía los obligaron a ceder en sus intenciones.
Hechos
Todo ello en protesta por la situación que viven que, según explicaron los trabajadores, viene dada después de que en julio de 2021 Faurecia comunicó la venta de la unidad productiva al grupo Callista Private Equity, tratándose de un fondo buitre alemán. En enero de 2022 esta compañía tomó el control de la planta de O Porriño tras el pago de un euro, pese a que Faurecia además inyectó capital por valor de tres millones, según denuncian los empleados.
En ese momento, los responsables del comprador se reunieron con el comité informando de que traían un plan industrial para dar viabilidad a las instalaciones. "La realidad que pudimos comprobar fue que nunca tuvieron un plan industrial, ni invirtieron nada para tenerlo, sino todo lo contrario, se dedicaron a descapitalizar la planta, llegando incluso a vender los terrenos en julio de 2022 por un precio muy inferior al valor de mercado de 2,4 millones", criticó el presidente del comité de empresa, Leonardo Suárez.
"En febrero de este año el fondo buitre alemán, siguiendo su modus operanti habitual, abandona la antigua planta de Faurecia cediendo los activos por 3.600 euros a una empresa rumana gestionada por Rüdiger Wisser, personaje que se define a sí mismo como 'el enterrador", añadió el presidente del comité. Según él, el nuevo propietario dejó claro que pretendía buscar un nuevo comprador o cerrar la planta y el pasado jueves, 14 de septiembre, presentó el concurso de acreedores.