El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de O Porriño ha fallado a favor de las empresas del polígono de Monte Faquiña, ubicado en Mos, y ha declarado prorrogados tácitamente los contratos de derecho de superficie firmados años atrás por cinco compañías durante 25 años más, a contar desde la fecha en que hubieran alcanzado los primeros 50 años.
En concreto, la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, amplía la duración de dichos contratos durante 25 años, asumiendo así al completo los términos de la demanda interpuesta por los empresarios.
De esta forma, tal como reza la sentencia, Redphone Galicia podrá permanecer en Monte Faquiña en las condiciones actuales hasta 2072, Telenet Central Logística hasta 2077, Distribuciones Alonso Otero hasta 2053, Blanco Quintás hasta 2069 y Autocares García hasta 2046.
La resolución entiende que en este caso se ha vulnerado el "principio de confianza legítima", para lo que considera "meridianamente claro" el testimonio en el juicio de la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, quien afirmó que los terrenos fueron arrendados para su explotación industrial y que fue reiteradamente manifestada "la voluntad política de prorrogar los contratos siempre que se mantuviera el empleo local y las instalaciones a fin de compensar las inversiones que realizaron los empresarios".
Por todo ello, la Asociación de Empresarios de Mos (Aemos) ha aplaudido la resolución judicial, que consideró "indudablemente de puro sentido común". La entidad confía en que esta sentencia, una vez firme, "frene la amenaza de éxodo empresarial a Portugal", aunque también entiende que "habrá que seguir aunando esfuerzos" para que el caso de Tameiga no se extienda a otras zonas. Contra la resolución cabe interponer recurso de apelación en un plazo de veinte días.
También el Concello de Mos ha celebrado esta decisión judicial, calificándola como una "gran noticia" para el municipio, así como para su empleo, su economía local y para el futuro de todo el ayuntamiento. En un comunicado, la alcaldesa ha felicitado a los empresarios, mostrando la satisfacción del Concello, ya que esta sentencia, aunque cabe recurso, "es el primer paso para la consolidación de más de 700 puestos de trabajo que estaban en peligro, y para preservar el patrimonio de esta parte del empresariado mosense, en el que han invertido más de 20 millones de euros en 10 años".
Este conflicto surgió cuando los tribunales otorgaron la propiedad del suelo que ocupan las empresas a la comunidad de montes. A parir de ahí, los comuneros decidieron no respetar las condiciones de los contratos fijados en su día por el Concello con las compañías, "que realizaron millonarias inversiones para poner en marcha sus actividades bajo la premisa de contar con un canon determinado y una duración de la concesión suficiente para garantizar la amortización del negocio".