Ahora sí, el Concello de Vigo activa de nuevo la planificación para el concurso público que elegirá a la empresa que se encargará de explotar el transporte urbano de la ciudad y que deberá mejorar el deficiente servicio que actualmente presta Vitrasa, pensado para una ciudad que poco tiene que ver con la de hace casi 30 años.
Vigo a punto estuvo de renovar el servicio de buses urbanos hace tres años, pero la pandemia hizo saltar por los aires los planes municipales. En 2018 se anunció que no se concedería la prórroga administrativa de la concesión, cuyo fin estaba previsto para 2020. Sin embargo, ese mismo año el Gobierno de Caballero decidió aprobar la prórroga por cinco años más. “El estado de alarma tuvo una enorme incidencia sobre el transporte”, explicaba entonces el regidor vigués para aseverar que “si no suspendemos la licitación y no se presenta nadie nos quedamos sin servicio”.
La prórroga provocó la crítica en masa de la oposición e incluso acabó en los tribunales, aunque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló que la decisión fue legal. Desde el Concello se temía que la situación derivada de la Covid, con enormes pérdidas para las empresas de transporte, empeorara las ofertas económicas y acabara por costar más. Sin embargo, Vitrasa ha solicitado indemnizaciones millonarias por las pérdidas y en este momento se encuentra inmersa en un conflicto laboral con paros y huelgas después de intentar rebajar el salario de los trabajadores hasta un 30% y aumentar la carga laboral.
Ahora, cuando restan dos años para el fin del contrato, previsto para el 7 de junio de 2025, se reactivan de nuevo los preparativos para sacar a concurso el servicio. Ante el fin de la concesión existen dos alternativas, la municipalización -con una empresa pública como sucede en Madrid o Valencia- o licitar el servicio, como hasta ahora en la ciudad.
En 2020, preguntado por este diario sobre si se planteaba municipalizarlo, como pide parte de la oposición en una alternativa que eliminaría el coste del beneficio industrial, Caballero expresó que “nunca tuvimos esa opción”, y nada parece indicar que los planes hayan cambiado. El Ejecutivo local se inclina por la opción del concurso público para que sea una empresa privada la que gestione los buses de Vigo. En esta circunstancia, ha encargado la elaboración de un estudio técnico con el objetivo de establecer el nuevo modelo de gestión y determinar los indicadores reales de la demanda, así como modelizar y optimizar la red del transporte urbano de Vigo para la próxima década.
Los trabajos tendrán un coste estimado de más de 330.000 euros y se desarrollarán durante un plazo de diez meses. Los técnicos deberán elaborar un estudio que analice la actual situación de los autobuses, realizar una encuesta general a la población, elaborar un modelo del tráfico y proponer las soluciones que se deberán después exigir a la empresa que se presente al concurso de explotación, hoy la mexicana ADOS Mobility a través de Vitrasa.
El actual contrato con Vitrasa se remonta al año 1995 y, según recuerda el propio Concello, todo el material, instalaciones, terrenos y medios adscritos al servicio de buses pasará a titularidad municipal en dos años. Por ello, se realizará un inventario para conocer al detalle el patrimonio. Se engloban las instalaciones de Camposancos con 30.000 metros cuadrados y la flota de 126 autobuses.
Para conocer la satisfacción de los ciudadanos, se realizarán un total de 4.300 encuestas. De ellas, 3.000 serán a los hogares de Vigo, 800 serán de interceptación y 600 en el propio transporte.
Con todos los datos obtenidos se considerarán tres escenarios temporales: a corto plazo (2025), a medio plazo (2030) y a largo plazo (2035). De cara al nuevo contrato, se deberán plantear las alternativas de las nuevas líneas teniendo en cuenta la complementariedad con otros medios públicos y los transbordos, la mejora de la accesibilidad y la búsqueda de captar el máximo número de viajeros para reducir el vehículo privado.
Fe de erratas | Una primera versión de este artículo señalaba que la empresa de transporte público de A Coruña era de titularidad municipal, cuando no es así.