Vigo sumará en breve una nueva cadena a su oferta gastronómica. Según ha podido saber Metropolitano.gal la cadena de comida Milongas, especializada en la parrillada gallego-argentina, abrirá antes del verano su primer restaurante en la ciudad.
Detrás de la firma está la familia Ribas Estévez, hijos de emigrantes gallegos nacidos en Argentina. La propuesta gastronómica se remonta a la creación de un primer restaurante en Santiago de Compostela en 2005 como cervecería - tapería. Tras diez años, modificó el formato para crear la variante de parrillada en 2016 y comenzar una expansión que les llevó a abrir en Vilagarcía, Milladoiro, Bertamiráns y A Coruña. Ahora, Vigo será la protagonista del siguiente paso en su crecimiento por Galicia.
El restaurante se ubicará en un local del Centro Comercial A Laxe que ha permanecido vacío desde que se construyó el edificio. Ubicado en la segunda planta del centro comercial, en la zona de restauración, cuenta con una superficie construida de 282 metros cuadrados. Para poder alquilarlo, Zona Franca ha contratado los trabajos de adaptación y dotación de servicios, como gas o electricidad, por un importe de 181.760,00 euros. Si se cumplen los plazos, las obras deberían acabar en torno a la primavera, cuando podrá ya abrir sus puertas.
Milongas Parrillada se promociona como un espacio que “mezcla sus raíces y la pasión argentina por la carne”, todo ello a un precio medio “muy ajustado”. La carta se organiza mediante menús desde 10,50 euros. Cuenta además con una opción “come todo lo que quieras” por 11,90 euros basada en churrasco.
Esta es la primera vez que la cadena abre un restaurante en un centro comercial. Según fuentes de la compañía, se ha optado por A Laxe por la proximidad al Casco Vello de Vigo y al flujo de personas que puede atraer. El local constará de un espacio abierto como zona de comedor, un espacio para juegos infantiles y la zona de cocina, con la necesaria parrilla.
Con esta apertura, además del próximo Casino de Vigo, el Centro Comercial A Laxe mejora el ratio de ocupación a la espera de que se resuelva el concurso de concesión pública a un operador privado que lo gestione durante los próximos 20 años a cambio de un canon de 26 millones de euros.