La concelleira de Urbanismo de Vigo, María Xosé Caride, aseguró este miércoles que en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, aprobado provisionalmente, "no existe ningún recorte a la protección y, en particular, ni de Castrelos ni de O Castro", al contrario de lo que había alertado la Xunta de Galicia.
En una nueva disputa técnica entre el Concello de Vigo y el Gobierno gallego, Caride incide en que todas las protecciones aprobadas por la Xunta están incorporadas en el documento urbanístico, y que “se agregaron muchos más elementos a las catalogaciones y, por tanto, a las protecciones patrimoniales”. La concelleira de Urbanismo detalla que el Concello incluye en el nuevo ordenamiento “17 elementos arqueológicos más, 12 instalaciones de nuestro pasado industrial y 53 edificios que tienen valor arquitectónico”. Ante estos datos apunta que la situación del PXOM no tiene “nada que ver con la desprotección que señala la delegada de la Xunta en Vigo", Ana Ortiz.
Caride insiste en que “todos los elementos que tienen criterios objetivos para poder ser incorporados a un catálogo fueron añadidos” y que, dentro de la autonomía local, se catalogaron “bastantes que tienen elementos subjetivos”, mientras se vio que otros no reúnen los requisitos. A la par, pide a la Xunta que “si determina que hay un valor patrimonial en alguno de estos elementos, que abra un expediente que lo catalogue e, inmediatamente, el Concello de Vigo lo incorporará a su Plan Xeral”.
La conselleira de Urbanismo censura que de los 28 informes que tuvo lo PXOM de Vigo, la Xunta solo destaca uno “diciendo que pudiera tener algún problema, que vemos que en la realidad no es cierto”. Para la cuarta teniente de Alcaldía, la actitud de la Xunta evidencia “la posición anti Vigo de Rueda y de todos los que forman parte de su estrategia de abandono y discriminación a la ciudad”. Señala, por último, que, con respeto a la nuevo PXOM, Vigo es “el único Concello de Galicia donde la administración gallega no va a invertir ni un solo euro en infraestructuras viarias". "Un caso excepcional”, censuran desde el Gobierno vigués.