El Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra ha condenado al actual alcalde del municipio pontevedrés de Dozón, Adolfo Campos, por la muerte de un operario en la empresa en la que era consejero delegado en 2020, Frigodeza. También se condena al encargado de la misma en un fallo contra el que cabe recurso.
Los hechos, según recoge la sentencia, se produjeron el 5 de agosto de ese año en la empresa Frigoríficas del Deza, dedicada al sacrificio de cerdos y que contrató a una empresa de Lalín para reparar una trampilla en un nave ubicada en esta localidad pontevedresa.
El fallecido y un compañero se desplazaron a la nave y el encargado de mantenimiento les indicó el elemento que debían reparar, que era la trampilla hidráulica de la entrada de cerdos a la jaula de anestesiado, donde comenzaron los trabajos de soldadura.
"El acusado tenía pleno conocimiento de que existía CO2 en la zona de trabajo y, a pesar de ello, antes de la intervención de los trabajadores, no comprobó el nivel de acumulación de CO2 residual ni extrajo el mismo a través del sistema de extracción", recoge la sentencia. Finalmente, uno de los operarios, tras entrar y salir varias veces y notar problemas al respirar, acabó falleciendo.
"El trabajo se inició sin que, previamente a ello, la empresa Frigodeza y, en su nombre, el consejero delegado de la entidad, comunicara los riesgos propios del centro de trabajo que iban a afectar a las actividades a desarrollar, las medidas de prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se debían aplicar, de modo que, por tal falta de comunicación, los trabajos de soldadura se realizaron mediante un procedimiento absolutamente inadecuado", recoge el fallo.
Al entonces consejero delegado y actual regidor de Dozón, el juzgado le condena por un delito contra los derechos de los trabajadores por imprudencia grave a las penas de cinco meses y 15 días de prisión y por un delito de homicidio por imprudencia grave a un año y siete meses.
Al encargado, se le condena por un delito de homicidio por imprudencia a la pena también de un año y siete meses de cárcel. También se impone el pago de una indemnización a familiares del fallecido que suma más de 400.000 euros.