La plataforma Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en el 'caso Koldo' ha solicitado al juez instructor de la Audiencia Nacional que acuerde la imputación de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera al entender que reconoció en su declaración que fue ella quien dio el contacto de Íñigo Rotaeche, vinculado a la presunta trama de mordidas en contratos para la adquisición de mascarillas, al jefe de personal de entonces, el investigado Michaux Miranda.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la plataforma señala que ese extremo fue también confirmado por Miranda en su declaración ante el juez del pasado 19 de septiembre. De Pardo de Vera, la plataforma destaca su "papel clave para la adjudicación a favor de Soluciones de Gestión", empresa de la trama, "sin haber en modo alguno investigado sobre su capacidad y solvencia, todo ello a pesar del puesto de máxima responsabilidad que ocupaba, habiendo ella mismo señalado en su declaración que actuaba de acuerdo a su labor supervisora como Presidenta de Adif".
"En este contexto, debe tenerse en consideración que ella misma reconoció el pasado día 16 de septiembre que 'el equipo' le daba cuenta de los avances en el proceso de adjudicación, todo ello precisamente por ocupar el máximo cargo de responsabilidad en Adif", dice.
Apunta además que ella indicó expresamente que "había tomado la decisión de que fuese Miranda el encargado de gestionar la contratación", y suma que admitió haber estado en contacto con Koldo García, exasesor del exministro Ábalos y uno de los principales encausados, durante esas fechas por asuntos relacionados con la logística de los vuelos.
Hazte Oír añade a esto que "pueden apreciarse en la declaración de Pardo de Vera ciertas contradicciones", en tanto que indicó que no conocía Raminatrans SL para, posteriormente, afirmar que sabía que dicha mercantil ejercía labores logísticas relacionadas con el transporte de los productos sanitarios.
Otras testificales
La plataforma solicita además otras diligencias, como que se cite a declarar como testigo a José Antonio Rodríguez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Apunta que Belmar, exalto cargo del Ministerio del Interior que ocupó durante la pandemia la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, señaló expresamente en su declaración que Rodríguez González fue quien le remitió a Soluciones de Gestión, y que en su declaración policial afirmó que fue efectivamente el titular del Gabinete de Coordinación y Estudios quien le dio a conocer la línea de compra y la posibilidad de unirse a ella.
En este sentido, interesan también la testifical del administrador de Terraplanet del Sur SL, Manuel Salces, que ofreció una oferta por 8 millones de mascarillas a 1,35 euros la unidad, cuando Soluciones de Gestión ofrecía suministro de dicha cantidad de mascarillas FFP2 a 2,50 euros.
También pide que se cite como testigo a Rafael Milla, dueño de Raminatrans SL, la empresa a la que se le adjudicó la distribución del material sanitario.