El Gobierno gallego ha lamentado que este año no sea posible la puesta en marcha de los nuevos juzgados asignados por el Gobierno central y ha responsabilizado de ello al Ministerio de Justicia por "no comunicar las nuevas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2024".
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El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha recordado en Betanzos que Galicia, cada 31 de diciembre, cumplía con la entrada en funcionamiento de las nuevas unidades y que ya el año pasado no fue posible debido al retraso hasta finales de diciembre de la publicación del real decreto del Ejecutivo estatal con los tribunales concedidos.
Por ello, ha incidido en que la falta de presupuestos estatales ha provocado en este caso que la comunidad gallega no pueda iniciar este ejercicio con nuevas unidades judiciales.
En la petición trasladada el pasado mayo en la Comisión Mixta de Justicia entre la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se insistió en la propuesta, "ya desatendida", para que el Gobierno central dé prioridad a la puesta en marcha de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en el partido judicial de Santiago de Compostela, que se sume a los operativos en las ciudades de A Coruña y Vigo.
Entre las prioridades de la relación presentada al Ministerio de Justicia, acordadas en base a las cargas de trabajo, también figuraban un juzgado de Primera Instancia para Ourense y sendos de Primera Instancia e Instrucción en Viveiro y Vilagarcía de Arousa.
La petición incluía, además, magistrados para la Sección 4ª, civil, de la Audiencia Provincial de A Coruña; para la Sección 2ª, penal, de la Audiencia Provincial de Pontevedra; y para la Sala de lo Social del TSXG.
Calvo ha urgido al Gobierno a que "cuanto antes pueda" proceda a dar los pasos precisos para la creación de las nuevas unidades judiciales "que necesita" Galicia.
Financiación recogida en los presupuestos
El Gobierno gallego ha subrayado que, pese a tratarse de una competencia estatal, la Xunta "acepta y financia" todas las unidades judiciales que otorgue el Consejo General del Poder Judicial, una vez que llega la comunicación en la que se establece el número asignado, comprometiéndose a ponerlas en funcionamiento en el menor tiempo posible.
De este modo, los presupuestos de la Xunta de este 2025 ya recogían una partida de 850.000 euros en gastos de personal para más de una veintena de funcionarios de la Administración de Justicia --gestores procesales, tramitadores y auxilios-- previstos para las tres unidades que, de media, concede el Gobierno central cada año.
Desfibriladores
El conselleiro ha hecho estas declaraciones durante una visita, junto con el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, al edificio judicial de Betanzos, uno de los 44 que contarán con un desfibrilador. La Xunta invertirá hasta 2026 más de 80.000 euros en la instalación de este material.
La medida comenzó en 2022 y, en los últimos meses, se colocaron 14 desfibriladores en otros tantos juzgados gallegos. El personal de estos edificios habilitado para su uso recibirá la formación necesaria en las próximas semanas.
Calvo ha avanzado que la instalación continuará de forma progresiva este año, con el objetivo de culminar en 2026. Además, ha incidido en la necesidad de proteger la salud cardiovascular de la ciudadanía siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de contar con desfibriladores fuera del ámbito sanitario, como es el caso de los edificios judiciales.
Actuaciones en los juzgados de Betanzos
Además, Calvo ha aprovechado la visita a los juzgados de Betanzos para conocer las mejoras realizadas el año pasado, por valor de casi 10.000 euros, en la instalación de un espacio para las fuerzas y cuerpos de seguridad y de un arco detector de metales, que se suman a la colocación del desfibrilador.
En esta línea, ha anunciado que este año continuarán las obras con una inversión de 28.000 euros en la cubierta y en la puerta cortavientos de la entrada.