El juicio contra la pareja sorprendida en Nigrán en abril de 2023 con un cargamento de 20 kilos de heroína oculto en su vehículo ha sido suspendido este miércoles tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes. En concreto, la vista se celebrará el próximo 12 de diciembre después de que esta mañana los acusados intentasen llegar a un acuerdo de conformidad con Fiscalía durante varias horas, sin que este pacto se produjese.
Esto ha obligado a suspender el juicio hasta esa fecha, cuando se celebrará también en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. El hombre y la mujer detenidos en Nigrán en abril del año pasado se enfrentan a 8 años de cárcel por un delito contra la salud pública. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la UDYCO de la Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia sobre esta pareja, al tener constancia de que se relacionaban con una tercera persona que había sido condenada por narcotráfico.
Así, en la madrugada del 31 de marzo de 2023 observaron que los investigados iniciaban un viaje con destino "sospechado" a los Países Bajos. A la vuelta, el 2 de abril, fueron interceptados a su llegada a Nigrán.
En la inspección de su vehículo, los agentes encontraron, ocultos en dos habitáculos entre los paneles traseros y la chapa del coche, 40 paquetes con un total de 20 kilos de heroína. Asimismo, en el bolso de la mujer se encontraron 895 euros, y 6 teléfonos móviles, 4 portatarjetas y libretas con anotaciones. Además, se efectuó un registro en un garaje alquilado a nombre de ella, donde se encontraba un coche en cuyo maletero apareció una maleta con candado. En el interior de la maleta la Policía encontró otros 4 kilos de heroína en diversos paquetes y envoltorios, además de una báscula de precisión, un cúter, gafas de protección y otros efectos para el pesaje y la manipulación de la droga.
Según el ministerio público, los acusados transportaron y guardaron la droga por encargo de terceros no identificados, a cambio de una contraprestación económica. Por ello, los considera autores de un delito contra la salud pública. Así, pide para cada uno de los acusados la pena de 8 años de cárcel y el pago de una multa de algo más de 2 millones de euros (el triple del valor de la droga intervenida).