El Gobierno da carpetazo a liberar la AP-9 de peajes por su "altísimo volumen de gastos"

La secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, ha insistido desde el Congreso que "no es viable" la liberación de la AP-9 por "el altísimo volumen de gastos que ello supondría", alertando de que tendría "efectos claros lesivos" para el Estado.

En la comisión de Transportes del Congreso, el diputado del PP Célso Delgado ha preguntado al Ministerio por sus previsiones para "iniciar la tramitación" del rescate de la concesión y liberalización del peaje de la autopista del Atlántico AP-9.

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En este contexto, Rocío Báguena ha recordado que el ministro Óscar Puente ya ha hablado sobre este asunto varias veces en el Congreso y ha culpado al Gobierno de José María Aznar de la prórroga y la privatización de esta autopista. "Como sabe, la situación actual de la autopista AP9 se explica en toda su amplitud en una serie de decisiones adoptadas en los años 2000 y 2003 que, por motivos de índole jurídica y económica, son muy complejos de revertir", ha añadido la dirigente del Ministerio de Transportes.

Por todo ello, Rocío Báguena ha explicado que la situación actual de la autopista está sujeta a un contrato concesional en vigor con una duración total de 75 años y con unas tarifas establecidas "que deben cumplirse": "No es viable proceder al rescate de la concesión por el altísimo volumen de gastos que ello supondría inasumible por la Administración y con efectos claros lesivos para el Estado".

Todo ello después de conocerse que el Gobierno respondió 'in extremis' al ultimátum dado por Bruselas por la prórroga de la concesión de la AP-9, ya que la Comisión Europea considera que vulneró las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública. Aunque sin concretar con claridad cómo se solucionaría la ilegalidad de la concesión.

En julio la Comisión Europea envió un ultimátum al Ejecutivo central para que enmendara las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública y de concesión de autopistas.