Caballero amenaza a la Xunta con ir a los tribunales si no asume la gratuidad de las escuelas infantiles

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha lanzado una advertencia a la Xunta de Galicia: el Concello recurrirá a la vía contencioso-administrativa si el gobierno autonómico no asume la gratuidad de las nueve escuelas infantiles municipales de la ciudad. Este anuncio se produce en respuesta a lo que Caballero considera un trato desigual hacia Vigo en comparación con otros municipios gallegos.

El regidor ha explicado que enviará un requerimiento formal a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, exigiendo que la administración gallega cubra los gastos de estas escuelas, tal como lo hace en otros concellos de Galicia. En caso de que la Xunta no responda favorablemente, el Concello de Vigo procederá con una demanda judicial.

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2,5 millones de euros para garantizar la gratuidad

Actualmente, Caballero asegura que el Concello de Vigo destina 2,5 millones de euros anuales para cubrir los gastos de las nueve escuelas infantiles municipales, que ofrecen 674 plazas para niños de 0 a 3 años. Según ha recordado, este presupuesto garantiza la gratuidad de la matrícula, la enseñanza y el comedor para todas las familias que utilizan estos centros.

Caballero ha insistido en que, si la Xunta no asume estos gastos, estaría cometiendo "un fraude a la ciudad de Vigo". El alcalde ha subrayado la importancia de que el gobierno autonómico proporcione a Vigo el mismo trato que a otros concellos de Galicia, donde la Xunta sí asume la gratuidad de las escuelas infantiles.

Prórroga en la gestión de dos escuelas municipales

Además del conflicto con la Xunta, el alcalde ha anunciado que el gobierno municipal ha acordado prorrogar en 2025 el contrato de gestión de dos de las escuelas infantiles municipales: Santa Cristina, en Lavadores, y Costeira, en Saiáns. El coste de esta prórroga será de 538.000 euros.

Con este anuncio, el Concello de Vigo asegura reforzar su compromiso con la educación infantil gratuita en la ciudad, mientras sigue exigiendo a la Xunta que asuma su responsabilidad en la financiación de estos servicios.