Caballero defiende poner fin a los peajes en la AP-9 tras el dictamen de ilegalidad de Europa

Contundente. Así se mostró esta mañana el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para defender que el Gobierno de España debe aprovechar el procedimiento de infracción del a Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 para eliminar los peajes al completo.

Preguntado por Metropolitano, el regidor vigués sostuvo que “si hay alguna ventana de oportunidad para suprimir el peaje, lo apoyaré siempre”. El Gobierno europeo abrió un procedimiento de infracción contra España ya que considera que las prórrogas de 1994, cuando gobernaba Felipe González, y la del 2000, de José María Aznar, no se ajustaron al Derecho europeo ya que debería haberse abierto un nuevo proceso de licitación pública.

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La última prórroga obliga a mantener los peajes hasta el año 2048. “Es una barbaridad absoluta, fue un disparate que nos condena a seguir pagando eternamente”, expresó Caballero para reincidir en que “sin ninguna duda” el alcalde de Vigo apoyará “suprimir los peajes” aprovechando esta decisión europea. Caballero considera por tanto que el Gobierno de España no debe defender las prórrogas de la autopista, un acto de respuesta para el que tiene dos meses de plazo. Si no lo hace, podría abrirse finalmente la puerta a una liberación del peaje en la principal arteria de comunicación de Galicia.

La decisión de la Comisión se produjo después de la denuncia de En Colectivo, una asociación que considera que a partir de 2023, cuando caduca la primera prórroga, podría finalizar el peaje si existe voluntad política. En Colectivo defiende que España “no tiene argumentos” para defender las prórrogas. Si no contesta el requerimiento de Europa, la Comisión enviará un dictamen para que España ponga fin a este incumplimiento, acabando con la concesión. De no hacerlo, Bruselas podrá demandar a España ante el Tribunal Europeo, que podría conllevar multas elevadas. Existe también la posibilidad de que el Gobierno decida sacar a concurso una nueva licitación, aunque conllevaría un importante desgaste político por una medida muy impopular.