Los concellos de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo exigen a la Xunta que "legisle con mayor claridad" y que suspenda la concesión de nuevas licencias de VTC hasta que no se elabore un estudio o informe "que permita conocer la realidad del sector".
Se trata de uno de los consensos a los que han llegado los responsables de tráfico de las tres ciudades mencionadas durante una reunión celebrada este martes con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que será la encargada de trasladar esta, y otras cuestiones, a su ejecutiva, para que se adopte el acuerdo de asumirlas y elevarlas a la Xunta.
Tal y como ha subrayado al final de la reunión el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, una de las principales conclusiones del encuentro es que "es necesario entablar un diálogo con la Xunta, ya que no parece razonable que esto recaiga únicamente en los concellos". Además, ha destacado que los concellos "ni siquiera tienen información sobre qué estudios de movilidad sobre las licencias VTC se otorgaron en relación al transporte interurbano".
Por su parte, el Concello de Santiago ha denunciado que "no es comprensible que la Xunta autorice nuevas licencias de VTC sin estudios pormenorizados sobre la situación del sector, mientras que los concellos deben elaborar amplios informes para que la Xunta autorice la concesión de nuevas licencias de taxi". "Es cierto que la Xunta autoriza trayectos interurbanos, pero el Gobierno gallego es consciente de que el negocio del sector no está en estas rutas, sino en los trayectos urbanos, que las empresas tratan de realizar aunque ningún concello de Galicia lo haya autorizado en sus ordenanzas", señala Raxoi.
Por su parte, la concejala de Mobilidade e Infraestruturas del Concello de A Coruña, Noemí Díaz, ha asegurado que el estudio de demanda es la "base fundamental" para poder otorgar licencias, ya que "haciéndolo de forma ordenada y con datos reales, se garantizaría la viabilidad del sector".
"En la actualidad, la Xunta pretende que cada Concello regule los servicios urbanos con VTC como considere, así que podremos llegar a tener 313 regulamientos diferentes. Una anarquía de país con trabajadores y trabajadoras sin orden ni derechos", ha concluido Díaz.
Por su lado, cuestionado acerca de la regulación de los VTC este martes en un desayuno informativo, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha limitado a constatar que, en la ciudad, hay "muy buen servicio de taxis".
Además, ha recordado que el sector ha optado por eliminar los descansos de los coches (que no de los conductores) y que Vigo cuenta con una ordenanza que recoge que ese servicio de transporte urbano se hace con taxis y para cambiar esa cuestión, "hay que hacer un estudio de demanda que la Xunta no hace".
"La Xunta se lava las manos, no quiere lío, quiere que seamos los Concellos (...) si la Xunta hace el estudio de demanda sabremos si el servicio actual es insuficiente en oferta para satisfacer la demanda de Vigo", ha subrayado.
En todo caso, ha insistido en que el servicio de taxis, ahora con más vehículos en la calle, funciona "francamente bien" y que "si la Xunta quiere tomar una decisión, lo primero que tiene que hacer es un estudio de demanda". Con respecto a la reunión de este martes con la Fegamp, el alcalde ha señalado que deberían haber estado también otras ciudades, además de Vigo, Santiago y A Coruña.
Por su parte, a preguntas de los medios este martes en A Coruña, la regidora coruñesa, Inés Rey, ha afeado la "normativa genérica" de la Xunta, que ha calificado de "tiro la piedra y escondo la mano". "Autorizan determinadas cuestiones, en este caso el transporte VTC, pero dejan la pelota en el tejado de los concellos, como siempre, gestionando lo que la Xunta no gestiona", ha aseverado.
En este contexto, el miércoles unos mil taxistas de diferentes puntos de Galicia secundaron una marcha lenta en Santiago de Compostela para reclamar al Ejecutivo gallego implicación en el control de las licencias de VTC en Galicia, en relación a los vehículos de alquiler de coches con conductor. La protesta se llevó a cabo en caravana por la capital gallega con una protesta que pasó también por delante del Parlamento gallego y ante otros edificios de la Xunta.
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