El Concello de Vigo ha anunciado una nueva ordenanza para tratar de poner coto a la proliferación de pisos turísticos en la ciudad. Un mercado que cada vez limita más la oferta de vivienda para los vecinos y vecinas, y que desde el Gobierno local buscan revertir. Sin embargo, el Bloque Nacionalista Galego acaba de registrar 11 enmiendas a este proyecto de ordenanza municipal.
El BNG defiende endurecer las condiciones para "declarar la guerra a la especulación" en lugar del texto aprobado por el Gobierno de Abel Caballero, que tacha de "simulación" por "no proteger el derecho a la vivienda". El portavoz del grupo municipal, Xabier P. Igrexas, recordó que el BNG lleva años exigiendo que el Concello de Vigo ponga freno a la proliferación de las VUT (que crecieron en más de 2.000 en los últimos tres años) por su "impacto directo y grave" sobre los precios de la vivienda y en la reducción de los inmuebles disponibles. "Hay ya 5 pisos turísticos por cada vivienda disponible para alquiler residencial en nuestra ciudad", alertó.
Desde el Bloque han registrado, por este motivo, una batería de 11 enmiendas con una "idea central": que la ordenanza proteja el derecho social a la vivienda y evite la saturación turística. Una cuestión que piden incorporar en el objeto de la norma, "para que no haya dudas", en un contexto que califican de "emergencia habitacional" con de familias trabajadoras y jóvenes que no pueden permitirse alquileres por encima de los 700 euros mensuales, el precio medio en la ciudad.
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"Vigo necesita una ordenanza valiente, útil y jurídicamente sólida, que nos coloque a la cabeza de las ciudades gallegas y del conjunto del Estado en la restricción de las viviendas de uso turístico", destacó Igrexas. "Si el rentismo especulativo declaró la guerra al derecho social y vivienda, el BNG defiende que el Concello declare la guerra a los pisos turísticos desplegando con toda la contundencia todos los medios legales para frenarlos", enfatizó.
Moratoria e suspensión de nuevas VUT
Entre las enmiendas, el grupo nacionalista demanda aplicar de inmediato una moratoria de entre 18 y 24 meses en la que no se tramite ninguna nueva autorización para VUT hasta que el Concello elabore un estudio para analizar la saturación de estos inmuebles en la ciudad. Una medida que piden que vaya acompañada, con una disposición adicional, de la suspensión automática de nuevos pisos turísticos en aquellas zonas donde el precio medio del alquiler residencial se haya incrementado por encima del IPC durante el último año.
Sin derecho perpetuo
El BNG llama también a establecer condiciones en la ordenanza sobre las VUT existentes para que la autorización en vigor no se convierta en un "derecho perpetuo". Con ese fin, proponen que el título habilitante tenga una duración máxima de 5 años, sin prórroga automática. Además, demanda que todos los pisos turísticos que cuentan ya con la autorización municipal soliciten, en un máximo de 3 meses, la declaración de conformidad urbanística en base a las condiciones fijadas en la ordenanza, como las medidas de protección contra incendios para el uso terciario-hotelero así como los requisitos de habitabilidad y accesibilidad.
Evitar la saturación y gentrificación
Para el BNG resulta necesario endurecer también las condiciones urbanísticas para la implantación de nuevas VUT. Entre ellas, que sólo puedan instalarse en bajos o en primeros pisos de bloques residenciales, siempre y cuando cuenten con acceso absolutamente independiente (algo que ya contempla la ordenanza propuesta); fijar una distancia mínima de 250 metros entre portales de aquellos bloques que tienen pisos turísticos para "evitar la saturación y la gentrificación"; e impedir que se autoricen en inmóviles con menos de 50 metros cuadrados o con menos de dos dormitorios, los llamados micropisos turísticos, que impiden el acceso a viviendas de menor tamaño fundamentales para personas jóvenes, solas o de bajos recursos.
Máximo del 1% en cada calle y barrio
Desde el Bloque reclaman además fijar un máximo de VUT en la ciudad, para que "en ningún caso" superen el 1% del total de inmóviles existentes en calle, barrio, distrito o sección censal. Una medida que, a su juicio, evitará la saturación en zonas de la ciudad y que debe suponer la suspensión automática de nuevas autorizaciones de producirse.