Denuncian al Consello de la Xunta por "prevaricación" con el proyecto del Celta en Mos

Ecoloxistas en Acción ha presentado una denuncia en la sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al considerar que el Consello de la Xunta cometió un delito de prevaricación al declarar de interés autonómico la ciudad deportiva del Celta de Vigo en Mos, una decisión que consideran solamente busca “eludir los informes desfavorables emitidos por diversos organismos públicos”.

En concreto, los ecologistas han criticado que la denominada 'Factoría do Deporte Galego-Galicia Sports 360' está ejecutada en terrenos forestales de especial protección, por lo que el Gobierno gallego "pretende legalizarla" con la tramitación de este expediente como de interés autonómico. Los proyectos de interés autonómico están regulados en la ley de ordenación del territorio y el efecto principal de esta declaración es que la planificación y ejecución de las actuaciones "trascienden el ámbito municipal y, por lo tanto, tienen una tramitación singular que, en muchos casos, no hace necesarias las autorizaciones municipales".

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Según explican, ya en 2018 el Concello de Mos otorgó licencia municipal al Celta para construir un campo de fútbol e instalaciones deportivas en monte comunal. Un año después, permitió la construcción de vestuarios e instalaciones auxiliares necesarias. De esta manera, según reivindica Ecoloxistas en Acción en un comunicado, se dio licencia para unas obras en suelo rústico forestal de especial protección para la construcción de un equipamiento deportivo privado, "en ausencia de la tramitación previa de un Plan Especial de Dotación e Infraestructura".

"Todas estas actuaciones irregulares, otorgamiento de licencias, jurisdiccionalmente anuladas y ejecución de obras no ajustadas a la licencia pretendían legalizarse a través de una modificación puntual del plan general de ordenación municipal (PXOM) de Mos. Esta modificación urbanística, que más que perseguir el interés público perseguía satisfacer el interés de una entidad privada, no fue adelante por los informes desfavorables de los organismos sectoriales competentes", ha recordado la organización ambientalista.

Ecoloxistas en Acción ha indicado que incluso el jefe del servicio de Urbanismo del Concello aseguró en un informe que ni siquiera las obras ejecutadas se ajustaron a lo licenciado, "sino que se excedieron con mucho lo permitido", por lo que finalmente estas licencias fueron anuladas por los tribunales.

"Después de todo este historial de irregularidades, para Ecoloxistas en Acción parece evidente que el Consello de la Xunta de Galicia declara el interés autonómico prevaleciente de este proyecto para tratar de eludir los informes desfavorables emitidos por diversos organismos públicos y conseguir así la expropiación y posterior reclasificación del monte vecinal para la implantación del proyecto comercial privado del presidente del Celta", han criticado los ecologistas.

"Interés de una entidad privada"

Para ellos, lo único que persigue este proyecto es "el interés de una entidad privada" y no un "interés estratégico o vertebrador de carácter autonómico" necesario para su declaración con tal fin. Así, el objetivo, según lamentan, es expropiar unos terrenos forestales, "que debían mantenerse como tales".

"Ahora una licencia, ahora un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones, ahora una modificación puntual del PXOM, ahora un Proyecto de Interés Autonómico... ¿Qué será lo próximo? El Partido Popular parece dispuesto a lo que sea con tal de favorecer a un empresario amigo, sin importarle sacrificar el monte comunal", ha indicado el coordinador de Ecoloxistas, Eloy Pérez.

Pérez ha denunciado que el proyecto "tiene un fuerte impacto ecológico" y el objetivo es construir unas instalaciones comerciales, hosteleras y deportivas, afectando al patrimonio cultura de la zona, como el yacimiento 'Coto dos Mosquitos'.

Para Ecoloxistas en Acción resulta patente que "no concurre un interés estratégico de carácter autonómico" en el proyecto, por lo que los acuerdos del Consello de la Xunta fueron dictados de forma "arbitraria, con plena conciencia de su injusticia, con el fin de satisfacer el interés de una entidad privada". Por ello, esperan que el TSXG atienda su denuncia y "restablezca la legalidad".

"Consideramos que estos hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa urbanística y por eso denunciaremos ante el TSXG a todo el Consello de la Xunta que aprobó la declaración de interés autonómico al proyecto", ha sentenciado Pérez.